Inspectores de Hacienda advierten sobre las "graves consecuencias" del financiamiento singular catalán
El Gobierno de España y la Generalitat han acordado iniciar la implementación gradual del nuevo modelo en 2026, comenzando por el IRPF
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado una seria advertencia sobre las posibles consecuencias del acuerdo de financiación entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña. Según el documento publicado el 16 de julio de 2025, este modelo implicaría que Cataluña asumiría totalmente los impuestos generados en su territorio, iniciando con el IRPF a partir de 2026.
Durante la reunión bilateral celebrada el 14 de julio de 2025, ambas administraciones acordaron implementar gradualmente este nuevo modelo fiscal. Los inspectores sostienen que este régimen podría vulnerar principios constitucionales y provocar una fragmentación de la Agencia Tributaria, además de afectar negativamente a los servicios prestados a los contribuyentes y reducir los recursos disponibles para financiar servicios públicos en otras comunidades autónomas.
Cabe destacar que este modelo de financiación singular surgió inicialmente como parte de un acuerdo político para facilitar la investidura del presidente de la Generalitat. Aunque la IHE reconoce que el actual sistema de financiación autonómica debería haberse reformado hace una década, considera inapropiado crear un nuevo régimen no contemplado en la Constitución.
Impacto de la cesión del IRPF a Cataluña
Según los datos más recientes publicados (2022), las declaraciones presentadas en Cataluña (4.189.836) representan el 17,47% del total nacional. Los impuestos recaudados en esta comunidad suponen el 19,35% del total de ingresos fiscales en España, porcentaje que se mantiene idéntico al comparar exclusivamente los datos del IRPF. Este impuesto constituye el pilar fundamental del sistema tributario, representando el 42,85% de los ingresos totales.
La transferencia de la gestión, inspección, liquidación y recaudación del IRPF a Cataluña prevista para el 1 de enero de 2026 podría generar importantes complicaciones en la gestión tributaria, aseguran desde el IHE. Por ejemplo, las empresas catalanas con empleados domiciliados en otras regiones de España ingresarían las retenciones en Cataluña, mientras que dichos trabajadores solicitarían la devolución correspondiente en su lugar de residencia, imposibilitando la conciliación entre dos bases de datos independientes.
Consecuencias para la lucha contra el fraude fiscal
Otro efecto destacable de este nuevo modelo sería el impacto negativo en la lucha contra el fraude fiscal, según el IHE. Para garantizar eficacia en este ámbito, "resulta esencial que una misma administración tributaria controle todos los impuestos relacionados con las actividades económicas, debido a la estrecha interrelación entre estos (Impuesto de Sociedades, IRPF, IVA)".
"La información fragmentada en dos bases de datos diferentes no podría ofrecer los resultados actuales en la lucha contra el fraude. Por ejemplo, sería inviable que la Generalitat realizara comprobaciones sobre operaciones con criptomonedas de ciudadanos con domicilio en Cataluña, ya que la información nacional e internacional estaría dividida entre la base de datos de la AEAT y la de la Generalitat".
Riesgo para la estructura de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria, además de gestionar eficientemente el sistema impositivo, desempeña otras funciones relacionadas con prestaciones no tributarias pero fundamentales para la economía y la sociedad. Una fragmentación de la AEAT y sus bases de datos provocaría la falta de información necesaria para gestionar adecuadamente estos pagos a los ciudadanos residentes en Cataluña.
Según advierte la IHE, si este régimen se extendiera al resto de comunidades autónomas, el Estado podría verse comprometido al no disponer de los fondos necesarios para financiar sus funciones básicas. El resultado sería un escenario con diecisiete comunidades autónomas con plena soberanía fiscal que contribuirían a los gastos comunes estatales, pero sin garantías de financiación para partidas esenciales como las pensiones, los intereses de la deuda pública o los servicios sociales.
