La Audiencia absuelve a los 11 acusados de los disturbios en la subdelegación

La Audiencia de Lleida ha absuelto a los 11 acusados –incluso a los cuatro jóvenes que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para ser condenados a una pena menor– de ser los responsables de los altercados que hubo ante la subdelegación del Gobierno en Lleida el 25 de marzo de 2018 en protesta por la detención de Carles Puigdemont en Alemania, en el primer macrojuicio en Ponent por altercados relacionados con el ‘procés’.

La Fiscalía pedía un total de 58 años de prisión para los 11 acusados por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. La sentencia no es firme y el Ministerio Público estudiará en los próximos días si la recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El tribunal absuelve a todos los acusados por falta de pruebas y afirma que “la mera presencia en la manifestación en la que se producen altercados es claro que no puede equipararse a una coautoría en los mismos”.

Así, afirma que “el pronunciamiento absolutorio concluido por insuficiencia probatoria respecto a aquellos acusados que no alcanzaron un acuerdo de conformidad con la acusación debe extender sus efectos también a aquellos acusados que sí aceptaron la conformidad en tanto la misma quedaba supeditada a la valoración por el tribunal de las cuestiones previas planteadas y a la construcción fáctica”.

Cuatro de los acusados alcanzaron previamente un acuerdo con la Fiscalía, que pasó de solicitar una pena de cinco años y tres meses de prisión a una pena de nueve meses más el pago de multas de poco más de 1.000 euros al aplicar las atenuantes de reparación del daño y confesión. En el juicio reconocieron los hechos.

En una sentencia de 43 páginas, el tribunal asegura que “la identificación de los acusados en posicionamientos distintos de la manifestación no permite sostener que en sus inmediaciones se cometieran los hechos delictivos imputados, pues ello no ha quedado probado, ni de la prueba practicada se ha constatada participación activa de los mismos en los resultados”.

En este sentido, concluye que no hay evidencias de que los acusados tuvieran conexión entre ellos o que incitaran a la violencia contra los agentes. Sobre el rapero Pablo Hasél, para quien Fiscalía pedía cinco años y nueve meses por reincidente, la sala determina que “no se puede relacionar posicionalmente al acusado con el resto de acusados, ni tampoco vínculo con los mismos, ni la imputada labor de excitación a la masa en el avance responde a otra consideración que la de los cánticos y soflamas que se repetían por la multitud”.

Pese a que no duda de las lesiones de los agentes de los Mossos d’Esquadra, en un dispositivo de seguridad que fue “insuficiente”, la Audiencia determina que no hubo “una actuación plural, conjunta y conscientede esa alteración de la paz pública por los acusados”.

Òmnium: “La protesta y la disidencia no son delito”

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, fue uno de los primeros en reaccionar tras conocerse el fallo. Pueyo afirmó en Twitter que “la absolución de los #11delasubdelegación es una buena noticia.

El ejercicio de derechos fundamentales nunca puede ser delito. Seguiremos defendiendo la amnistía como vía para abordar el conflicto político”. Por su parte, Òmnium Cultural dijo que “esta absolución muestra que, pese a todos los intentos por parte de un estado demofóbico, el derecho a la protesta, el compromiso político y la disidencia no son delito”.

Por su parte, desde la Plataforma Antirepressiva de Ponent aseguraron que “este es el camino, convertir sus juicios políticos en juicios contra los represores (...). Somos conscientes, sin embargo, de que la represión continua”.