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TRIBUNALES 'OPERACIÓN CATALUNYA'

El espionaje al fiscal de Lleida, primera causa por la guerra sucia al soberanismo

La Fiscalía Superior ve tres posibles delitos en la investigación ilegal a Rodríguez Sol

Martín Rodríguez Sol, durant una entrevista a SEGRE quan era fiscal en cap de Barcelona.

Martín Rodríguez Sol, durante una entrevista a SEGRE cuando era fiscal jefe de Barcelona. - GONZALO PÉREZ

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El espionaje al fiscal leridano Martín Rodríguez Sol se ha convertido en la primera causa en España por la guerra sucia al independentismo organizada por el ministerio de Interior cuando lo dirigía Fernández Díaz. La Fiscalía Superior de Catalunya ve posibles delitos de prevaricación, falsedad y contra la intimidad en la investigación ilegal a Rodríguez Sol.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias para investigar el espionaje al fiscal leridano Martín Rodríguez Sol ordenado por el ministerio del Interior en 2012, cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz. Se trata de la primera causa abierta en los juzgados españoles por la llamada guerra sucia contra el independentismo, en la que se inventaron decenas de delitos para perjudicar a rivales políticos y cargos catalanes. Rodríguez Sol era fiscal superior de Catalunya cuando la Policía Nacional le investigó de forma ilegal, ya que no contaba para ello con ningún tipo de indicio ni de autorización judicial. El espionaje a Rodríguez Sol se produjo después de que este abriera diligencias contra el diario El Mundo por publicar en portada informaciones filtradas por la llamada policía patriótica en las que se decía que Artur Mas y Jordi Pujol tenían cuentas en Liechtenstein y Suiza, respectivamente, algo que era completamente falso. La apertura de diligencias contra el diario madrileño por parte de Rodríguez Sol no gustó a los responsables de Interior de 2012, ya que el fiscal leridano actuaba contra una operación que se había diseñado desde el propio ministerio. 

El espionaje a Rodríguez Sol, del que han aportado documentos en los últimos días La Vanguardia i eldiario.es, podría constituir un delito contra la intimidad, otro de prevaricación administrativa y otro de fasedad documental, según se especifica en el decreto de la Fiscalía Superior que ordena la apertura de diligencias de investigación penal. Este decreto subraya que ninguna unidad judicial comunicó a la Fiscalía la investigación a quien era su jefe en 2012, y que aquellas prácticas tenían “el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal del territorio de esa Comunidad Autónoma o inquietarle en el ejercicio de la misión que el artículo 124 de la Constitución confiere a todos los fiscales”. Y todo ello, continúa el decreto de la Fiscalía, “por el simple hecho de haber expresado su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el curso de las investigaciones seguidas contra algunos de los líderes del movimiento independentista catalán”.

Se da la circunstancia de que no había ninguna causa abierta en estos momentos en los juzgados españoles por la guerra sucia contra el independentismo del ministerio de Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz. La del espionaje a Rodríguez Sol es la primera.

Tuvo que dimitir por una opinión sobre el referéndum

Martín Rodríguez Sol tuvo que dimitir en marzo de 2013 después de afirmar que la Constitución prevé la posibilidad de que el gobierno central confiera la facultad de organizar consultas a las comunidades autónomas, concretamente en su artículo 149.1.32. Esas declaraciones llevaron a la Fiscalía General del Estado a anunciar la apertura de un expediente y Rodríguez Sol renunció al cargo. Luego dijo en una entrevista a SEGRE que “las leyes tienen que ser justas y para que lo sean sería bueno que los políticos conocieran la voluntad popular con una consulta legal y pactada”. El decreto dictado ahora por la Fiscalía Superior dice que, para lograr su objetivo de perjudicarle, “la unidad policial actuante habría atribuido presuntamente hechos delictivos al Fiscal Superior de Cataluña, según se desprende de la redacción literal del oficio interno” publicado en los últimos días por medios de comunicación. La Fiscalía advierte de que, “en el caso de acreditarse la realización de actividades de investigación policial prospectiva sobre la persona del entonces Fiscal Superior de Cataluña, podrían ser constitutivas” de los citados delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la intimidad.

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