NORMATIVA
Diez inspectores velarán por los precios de los alquileres
Son los que el Govern destinará a la provincia de los 100 que habrá. Podrán sancionar si se incumple la ley de vivienda
La consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque. - ACN
Una decena de inspectores velarán para que los precios de los alquileres en Lleida no superen los límites fijados y tendrán potestad para imponer sanciones a los propietarios si incumplen la ley de vivienda. Se trata de un nuevo cuerpo que estará formado por un centenar de inspectores en toda Catalunya, que ayer fue anunciado por el Govern después de que pactara esta medida con los Comuns. La consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, y el portavoz de los Comuns, David Cid, explicaron que habrá 5 inspectores en la veguería de Lleida, 4 en el Alt Pirineu y uno en la Val d'Aran. En el resto de Catalunya, habrá 50 en Barcelona, 13 en Girona, 12 en Camp de Tarragona y 5 en Terres de l'Ebre, en el Penedès y en la Catalunya Central.
Paneque enmarcó este nuevo cuerpo dentro de las “medidas de control de contención de rentas”, que considera que han demostrado su efectividad en la escalada de precios de los alquileres. Señaló que estos nuevos funcionarios tendrán “todas las potestades para poder inspeccionar y poder sancionar”, y que será un cuerpo blindado jurídicamente. Sin embargo, para que la Agència Catalana de l’Habitatge tenga capacidad sancionadora, posibilidad que de momento solo tiene la Agència Catalana de Consum en este ámbito, serán necesarias modificaciones legislativas durante la tramitación en el Parlament del decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo, que prevén que tenga la luz verde en octubre.
Ampliar los recursos de personal de la Agència Catalana de l’Habitatge costar´5,9 millones para crear estas plazas, y aunque para finales de año pueden no haberse cubierto todas, Govern y Comuns han acordado que el cuerpo esté en marcha en “unos tres meses”. Por su parte, Paneque dijo que será una incorporación progresiva, y que trabajan con la idea de tener “el proceso finalizado en diciembre de 2025”, para que en 2026 ya funcione en su plenitud, porque aunque la incorporación de funcionarios se demore, pueden entrar empleados públicos que ya trabajan en la Generalitat.
