Artur Mas, Ortega y Rigau, al banquillo por desobediencia y prevaricación por el 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó ayer enviar a juicio al expresident de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por desobediencia grave y prevaricación y descartó imputarles un delito de malversación, el único que acarrea penas de cárcel.

El magistrado del TSJC José Francisco Valls dictó ayer el auto de apertura de juicio oral del 9N contra Mas, Ortega y Rigau y denegó la petición de las acusaciones populares, que incluye entre otros al Sindicato Profesional de la Policía, Unión Federal de Policía y Manos Limpias, de juzgarlos por malversación de caudales públicos, delito por el que estas solicitaban una condena de seis años de prisión.

Íñigo Urkullu afirma que “la vía judicial para abordar problemas políticos es un error”

Sin embargo, la postura del magistrado coincide con la de la Fiscalía, que solicita diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Rigau y Ortega por ambos delitos.

El magistrado insiste en su auto en que los hechos a juzgar son las decisiones del Govern encaminadas a mantener la celebración del 9N a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Constitucional (TC) acordó suspender la consulta soberanista.

En ese sentido, el juez razona que los servicios que la Generalitat encargó a contratistas privados para celebrar el 9N, que ascendían a 4,7 millones de euros, “se encargaron con anterioridad a la suspensión” de la consulta por el TC, aunque la mayoría de las facturas se abonaron posteriormente.

Para el magistrado, el hecho de que los imputados no suspendieran el pago de esos servicios tras la suspensión del TC “no conforma el tipo penal” previsto en la malversación impropia de caudales públicos, dado que “habían sido concertados los contratos y eran exigibles con concierto vigente”, por lo que acuerda archivar dicho delito.

El juez recalca que para que concurra el delito de malversación “es necesario una sustracción o consentir que otro sustraiga”, o bien una apropiación con ánimo de lucro o destinado a un fin autorizado, lo que, según el auto, “no sucede en el presente caso”, puesto que cuando se aprobaron las partidas no constaba la suspensión del TC.

Asimismo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo impuso a Manos Limpias una fianza en metálico de 20.000 euros para ejercer la acción popular contra Joan Manel Abril Campoy, el instructor en el TSJC de la causa contra los acusados por la celebración de la consulta soberanista del 9N de 2014. La fianza deberá ser abonada en tres días de plazo para poder proseguir la tramitación de este asunto.

Manos Limpias denunció a Abril por un posible retraso o dilaciones indebidas en la investigación del 9-N.

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El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, criticó ayer la decisión de enviar a juicio a Mas, Ortega y Rigau por la consulta soberanista del 9N de 2014 y dijo, en un apunte en su cuenta de Twitter, que “un Estado en el que se juzga a demócratas por haber impulsado la democracia es un Estado que no podrá ser nunca el nuestro”.

En la misma línea se expresó la portavoz del Govern y consellera de la Presidencia, Neus Munté, que advirtió ayer de que, pese a la “persecución” judicial a los organizadores del 9N, Catalunya “no renunciará” a votar si quiere o no marcharse de un Estado que tiene, dijo, “fobia a la democracia”. Munté coincidió con Puigdemont en que “de ninguna de las maneras” este Estado “nos puede representar ni podemos sentirlo nuestro”, afirmó en una visita a Salt. Para la consellera, “a nadie puede sorprender que cada vez haya más catalanes y catalanas que queramos marcharnos civilizadamente de un Estado que tiene fobia a la democracia, que persigue a los demócratas”. “En esto no hay medias tintas. O estás a favor o en contra de la democracia. Lo de menos es la pena o el delito que se les impute”, aseguró Munté.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, calificó de “malísima” la noticia de la apertura de juicio contra Mas, Ortega y Rigau y aseveró que “seguir apostando por la vía judicial para abordar problemas políticos es un error”.