Gordó abandona el PDeCAT pero se aferra al escaño en el Parlament

El exconseller de Justicia y diputado de JxSí, Germà Gordó, anunció este martes que deja el PDeCAT tras 37 años de militancia y seguirá como diputado no adscrito en el Parlament tras saberse que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le investiga en el marco de la investigación por el caso del 3%. La decisión de Gordó choca con la petición desde su partido y el resto de fuerzas políticas para que el exconseller abandone su escaño.

En un comunicado, Gordó asegura haber tomado una decisión “que no va contra nadie” tras tomarse unos días de reflexión ante la presión ejercida por su ya ex partido para que renuncie. “Causo baja del nuevo partido PDeCAT, y evidentemente del grupo parlamentario JxSí, y permaneceré como diputado no adscrito, en el sentido que me ha pedido la plataforma Nova Convergència y tras haberlo hablado con algunos dirigentes del partido y algunos compañeros de escaño”, indicó.

Desde el PDeCAT, insistieron en pedir a Gordó que abandone su escaño. “Nos reafirmamos en que lo mejor es que el citado diputado renuncie a su escaño en el Parlament”, sostienen en un breve comunicado. En la misma línea, el portavoz en el Congreso de ERC, Joan Tardà, censuró la decisión del exconseller y señaló que “muy mal servicio” hace Gordó a la causa que dice defender si no dimite.

El presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, aseguró que no comparte la determinación de Gordó porque “si hay un grupo parlamentario en el que nadie se puede sentir moralmente propietario de su escaño este es JxSí”, sentenció. Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, calificó de hipócrita al PDeCAT por “querer quitarse de encima” al exconseller.

Paralelamente, el Parlament rechazó con los votos de JxSí y la CUP que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el pleno de la Cámara de la próxima semana para abordar la investigación a Gordó.

La comisión del Reglamento de la Cámara también rechazó una enmienda de la CUP que proponía reformar las normas del Parlament para que se pueda suspender tres meses a los diputados si se abre un proceso judicial contra ellos, un periodo ampliable a la espera de cómo evolucione ese proceso judicial en ese tiempo.