Cifuentes denuncia 'irregularidades' en la gestión de Esperanza Aguirre

El equipo de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, trasladó ayer a la Fiscalía General del Estado una denuncia donde se señalan presuntas irregularidades en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia, en época de Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad, cuyas obras ascendieron hasta los 130 millones de euros. En principio, esta querella responde a un dictamen de la Abogacía General, encargado por la comunidad de Madrid, sobre el proyecto diseñado por el Ejecutivo de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales. En el dictamen se recogen diversos incumplimientos detectados de “forma sistemática” respecto a las normas de contratación pública y contabilidad. El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, defendió que no hay relación con el hecho que esta remisión coincida con la polémica sobre el máster de Cifuentes. Según Garrido, el Ejecutivo no actúa “con intereses partidistas” sino que elevan las cosas cuando tienen que hacerlo. Desde los partidos de la oposición se “sorprendieron” que en medio del “lío” por el máster, el Gobierno regional presentara esta denuncia ante la Fiscalía. La portavoz del PSOE, Mercedes Gallizo, criticó que el Gobierno solo se haya movido cuando los medios de comunicación han evidenciado lo que ya se sabía desde hace años y consideró el momento elegido de “muy sorprendente”. El portavoz de Podemos, Eduardo Gutiérrez, afeó la actitud “remolona y reticente” del Ejecutivo de Cifuentes y sostuvo que se trata de “una cortina de humo” o de un “ajuste de cuentas entre familias del PP”. La portavoz de Ciudadanos, Susana Solís, resaltó la “pasividad total” del Gobierno regional para investigar un caso “tan evidente” y señaló que es necesario que “se devuelva el dinero”.

En otro orden de cosas, el juzgado de instrucción número 29 de Madrid, admitió ayer a trámite la querella presentada por Cifuentes contra los periodistas del diario.es, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, que sacaron a la luz las irregularidades sobre su máster. El magistrado los investiga por “la ilícita obtención de documentos académicos personales”, amparados por la ley de protección de datos.