Jové no reconoce ser el autor de la agenda Moleskine y del documento 'Enfocats'

El exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové ha evitado reconocer este viernes ante la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que él fuera al autor de la llamada agenda Moleskine y del documento 'Enfocats', encontrados en su casa el 20 de septiembre del 2017, cuando fue detenido por la organización del referéndum del 1-O. Jové ha declarado como investigado por aquel caso y sólo ha respondido a preguntas de la jueza y de su abogada, que ha pedido invalidar los registros en el domicilio y el despacho de Jové y, por lo tanto, todo lo que se encontró. También se ha opuesto a hacer una pericial caligráfica para comparar la letra de Jové con la de la agenda, y una de voz para compararla con las llamadas 'pinchadas' por la Guardia Civil durante la investigación.

Jové ha sido recibido a las puertas del TSJC por decenas de miembros de ERC, como el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, algunos consellers y el presidente del Parlament, Roger Torrent, además de Ernest Maragall, así como de JxCat, como Elsa Artadi y Eduard Pujol, la CUP, Demócratas y l'ANC. Jové está investigado desde 2017 por revelación de secretos, malversación de fondos públicos y desobediencia.

Al salir, al cabo de menos de media hora, fuentes jurídicas han explicado que Jové sólo ha respondido a su abogada y a algunas preguntas de procedimiento de la jueza, negándose a responder en la fiscalía, la Abogacía del estado y Vox. La defensa del exnúmero 2 de Junqueras quiere impugnar la entrada y registro en el despacho de Jové el 20-S por la Guardia Civil porque el detenido no pudo estar presente, a causa de la gran concentración de personas delante del edificio de Economía. De los documentos encontrados en su despacho, Jové ha dicho que no los reconoce como propios, y no ha entrado a concretar cuál era su papel en la estrategia independentista.

También quiere impugnar la orden judicial que permitió a la Guardia Civil entrar en su casa, registrarla y encontrar la agenda Moleskine, donde describía numerosas reuniones de los dirigentes independentistas, y el power point' 'Enfocats', donde se pueden ver organigramas de funcionamiento de supuestos órganos para sacar adelante la independencia y la 'hoja de ruta'. De los dos documentos, a pesar de no mencionarlos directamente, Jové no se hace cargo. No los reconoce como propios, pero tampoco ha negado su autoría. Cuando la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, le ha propuesto hacer una prueba caligráfica para determinar si la Moleskine lo había escrito él, Jové y su defensa se han negado, alegando que consideran nula la prueba por haber sido obtenida mediante una orden judicial y un cacheo policial irregulares y que pretenden impugnar.

La magistrada también le ha propuesto hacer una prueba pericial de voz para compararla con las llamadas que la Guardia Civil le grabó mientras la causa a Instrucción 13 estaba secreta. Pero Jové y su defensa también impugnan estas llamadas y se han negado a hacer la prueba de voz. Por todo eso, el interrogatorio no ha ido más allá.

El TSJC aceptó investigar a Jové por los posibles delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y desobediencia grave. En el auto de admisión, la sala remarcaba que en aquel momento procesal, finales de noviembre pasado, sólo había verificado si la exposición razonada del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona recogía conductas que podrían ser delictivas, "no prejuzgando" no tan sólo "la probabilidad de la comisión de los hechos".

Entre los indicios que el TSJC creía que relacionan a Jové con la organización del referéndum y la presunta "hoja de ruta" para alcanzar la independencia "por la vía unilateral" está su participación en un "comité ejecutivo del entramado" que habría sido creado por el Govern y otros actores desde el 2015. "Eso habría exigido, para contar con garantías de éxito, la previa creación de estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente, la desconexión con la estructura del Estado y la asunción de la desobediencia que necesariamente todas estas operaciones tendrían que implicar", añadía el tribunal en su auto.

También creía que Jové tuvo una "eventual responsabilidad" en la organización del 1-O, por el cual, según el relato del juzgado 13, "se invirtieron directamente o mediante personas interpuestas fondos públicos" o se comprometió gasto "por una suma todavía para determinar".

El tribunal también veía indicios de una "utilización ilícita del fichero de datos personal de la población de Cataluña con que contaba el Idescat". Se habría hecho a través de la firma de un convenio "sobre el tratamiento del fichero de datos de carácter personal del registro de participación en consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana", en el cual "se autorizaba el Idescat para que con periodicidad trimestral remitiera al Departamento de Vicepresidencia los datos del fichero del registro de población de Cataluña para la gestión y actualización de esta datos por medio de una conexión informática segura".

El Idescat habría entregado este registro con referencia al 1 de abril del 2017 "para ser utilizado para la celebración del referéndum" y en los ficheros habrían accedido "múltiples personas, ya que con ellos se confeccionaron las listas de electores adscritos a los colegios electorales, el nombramiento de cargos para las mesas electorales y tarjetas censales por el referéndum suspendido, y los sistemas informáticos de votación", según recogía el auto.

El TSJC también dijo que Jové tenía "conocimiento" que "las iniciativas parlamentarias y gubernativas que pudieran amparar una ruptura unilateral" habían sido declaradas inconstitucionales y nulas por parte del TC, ya que había sido requerido y se la advertía del "deber impedir o paralizar cualquier iniciativa".