La abogada de Cuixart: "La defensa de la unidad de España no puede sacrificar derechos fundamentales"

La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha criticado que se haya "criminalizado" derechos fundamentales como el de expresión o reunión y que se haya perseguido al presidente de Òmnium por impulsar la movilización social. "La defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", ha afirmado durante el informe final del juicio del 'procés'. Además ha dicho que criminalizar estos derechos no se puede entender como una "defensa de la Constitución", y ha criticado que desde algunos poderes del Estado se vea como una "amenaza" el derecho a manifestarse. "La Constitución no se entendería sin las movilizaciones de los años 70", ha puesto de ejemplo. También ha acusado al teniente coronel Daniel Baena de "servir en bandeja un vocabulario que permitiera en la fiscalía acusar por rebelión y hablar de golpe de estado y periodo insurreccional". "Pero el nombre no hace la cosa, son palabras vacías de contenido si las contrastamos con las pruebas del juicio", ha manifestado. En el final del informe, ha solicitado la "libertad inmediata" para Cuixart.

En la exposición del informe final, la letrada Marina Roig ha defendido que Cuixart siempre hizo llamamientos a la calma y que "nunca quiso impedir la actuación judicial, sino protestar por ella". Por lo tanto, entiende que toda su actuación está amparada por los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Marina Roig ha dicho que los daños en los vehículos "no pueden retirar la calificación de manifestación pacífica" al 20-S y no se pueden atribuir a los organizadores. Por lo tanto, ha basado los argumentos al defender los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión y ha negado que los hechos puedan encajar en los tipos de la rebelión –que requiere de violencia y alzamiento público- ni tampoco de sedición, porque cree que no se alteró gravemente la paz pública. "No es hacer posible una ponderación entre la unidad de España y los derechos fundamentales", ha aseverado, que cree que no se puede considerar que unos hechos son, a la vez, delito y ejercicio de derechos.

La letrada ha recordado que en los primeros informes de la Guardia Civil se hablaba "de actos de desafección" hacia la Guardia Civil pero que, con el tiempo, el lenguaje "mutó" para encajar en el delito de rebelión, aunque los hechos eran los mismos. "Basar la rebelión en muestras de desafección habría quedado descafeinado, pero el nombre no hace la cosa, las palabras quedan vacías de contenido si las contrastamos con las pruebas del juicio", ha remarcado.