El TSJC deja a Laura Borràs a un paso del juicio

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concluido la instrucción de la investigación contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y otras personas por posible malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil a la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Ahora la fiscalía tiene diez días para pedir el archivamiento o nuevas diligencias, o presentar el escrito de acusación. La defensa puede recurrir delante del mismo TSJC. La causa investiga supuestos contratos irregulares cuando Borràs dirigía la ILC del 2013 al 2017. Según el TSJC, Borràs habría adjudicado indirectamente y de forma arbitraria a un conocido suyo 18 contratos por más de 300.000 euros relacionados con la web de la institución.

Borràs fue nombrada directora de la ILC en enero del 2013. Aquel marzo la junta de gobierno del órgano aprobó la creación de una web, unificó en un solo espacio todas las actividades organizadas o subvencionadas por la ILC y publicitó las actividades en Facebook y Twitter. Entre marzo del 2013 y febrero del 2017 la ILC adjudicó, por medio de su directora, 18 contratos menores relativos a la programación mantenimiento de la web de la institución. De estos, seis fueron adjudicados a Isaías H. por un importe global de 112.503 euros, seis a Red Integral por 101.035 euros, tres a Freelance por 54.437 euros, y tres más a tres profesionales y empresas diferentes por unos 62.000 euros. La contratación subió a un total de 330.000 euros, de los cuales la ILC por sí misma o a través del ICO satisfizo 309.000.

El magistrado instructor del TSJC recuerda que en los 18 contratos menores Borràs propuso la contratación, acordó la adjudicación, aprobó el gasto, certificó la ejecución del servicio, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago, excepto en un contrato del 2015 que no se pagó porque no se presentó la factura.

Los contratos se agrupan en cuatro unidades funcionales: creación y desarrollo del portal web de la ILC, web dedicada al Any Vinyoli, nueva plataforma virtual 'Què llegeixes' y web dedicada al Any Literari Ramon Llull.

El TSJC explica que en septiembre del 2013 el Parlamento instó al Govern a trasladar a los órganos de contratación de la Generalitat y a los organismos autónomos indicaciones específicas para potenciar la incorporación de medidas para facilitar la transparencia y la libre concurrencia, así como las "buenas prácticas contractuales". En enero del 2014 se aprobaron directrices que establecían que la contratación se tenía que hacer preferentemente mediante el procedimiento abierto y, si no podía ser así, que se publicitara la contratación para posibilitar la mayor concurrencia posible. También instaba a hacer partícipes a las Pymes de los procedimientos negociados y de los contratos menores, procurando invitar al menos a cinco licitadores, y que se tenían que delimitar en lotes diferenciados todas las contrataciones en que fuera posible para facilitar la competencia.

A pesar de no ser exigible en los contratos menores, los de menos de 18.000 euros, el Departamento de Cultura aconsejaba la petición de tres presupuestos a diferentes proveedores. En el caso de la ILC era la directora quien contactaba con los proveedores que pudieran estar interesados.

El informe definitivo de control de la contratación menor de la ILC correspondiente al 2013 emitido por la interventora del Departamento de Cultura, después de constatar que Isaías H. y Red Integral habían resultado adjudicatarios de dos y tres contratos menores respectivamente y de aceptar las alegaciones exculpatorias de Borràs respecto de un contrato, recomendó evitar siempre el fraccionamiento del objeto del contrato. En el 2014 el informe expresó dudas sobre la continuidad de un contrato adjudicado a Isaías H. con respecto a un contrato del año anterior, aunque Borràs había alegado que "el portal en su versión inglesa es completamente nuevo". De los años 2015 y 2017 la interventora no describió irregularidades relevantes.

Pero un informe de la Sindicatura de Cuentas del 2020 dijo que dos contratos menores adjudicados a Isaías H. en el 2016 y en el 2017 vulneraron la ley de contratos del sector público porque había reiteración del objeto de los contratos.

La responsable de gestión administrativa de la ILC declaró al juzgado que Intervención no veía con buenos ojos que el mismo proveedor fuera contratado cada año. Cuando ella misma comprobó que los contratos con Isaías H. podían estar relacionados, sugirió en Borràs varias veces que se tramitaran como un solo contrato negociado. A principios del 2014 se reunió con el jefe de contratación del Departamento de Cultura y empezó a redactar un borrador de pliego de condiciones con las orientaciones recibidas. Pero Borràs rehusó la propuesta asegurando que los contratos eran diferentes.

Conversaciones interceptadas

El auto incluye conversaciones telefónicas interceptadas a Isaías H. donde admitía cierto temor que la aplicación del artículo 155 a la Generalitat el otoño del 2017 hiciera sacar a la luz los "marrones" que él tenía con la "jefa" Borràs porque en los contratos con la ILC él presentaba "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos". "Lo peor es si la Borràs deja de ser directora", concluye. También hay correos electrónicos entre Isaías H. y Borràs donde admiten que el mismo proveedor no puede facturar por conceptos diferentes durante el mismo año y se hacen tres presupuestos de menos de 18.000 euros. "Ya puedo empezar a llamar puertas para que me hagan facturas, ya que tengo que enredar a alguien", concluye el informático.

Más adelante, Isaías H. dice: "el presupuesto del portal lo he hecho contemplando los 40.000 euros; entiendo que será a la hora de facturar que se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros". "Se me hace extraño y complicado tener que hacer este trapi; ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que involucrar a varías personas para que me hagan facturas de 3 kilos"!. "Estaría bien que me confirmaras si no hay otra manera de hacerlo, digamos más elegante", acaba pidiendo.

Borràs le respondió que "el presupuesto tiene que quedar como si fuerais profesionales independientes para los totales en que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000 euros más IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diferentes paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir acoplando conjuntamente. Finalmente, sobre el tema de diversificar las facturas, el problema está en qué, las tendríamos que fraccionar por año. Intervención no permite que haya más encargos de 18.000 por año. Ya he preguntado el tema Cooperativa, como si fuerais diversos los que estáis afiliados y me lo están mirando. Pero me han adelantado que creen que no, porque al fin y al cabo ellos pagan a un ente que sería lo mismo, la cooperativa, aunque después os lo repartís entre 2 o entre 100. A quien se entrega el dinero es a la coop. Entiendes"?.

En otras conversaciones, Borràs e Isaías H. seguían concretando como ir presentando presupuestos y facturas y cobrarlos por diferentes vías.

Facturas y presupuestos con nombres diversos

Un cuñado de Isaías H., con quien no mantenía relación continuada, se negó a facilitarle su DNI para elaborar presupuestos en su nombre y ha negado haber elaborado ninguno de los siete presupuestos presentados a la ILC en su nombre. Una amiga de juventud de Isaías H. también negó haber presentado un presupuesto a su nombre presentado en el 2015.

El representante de la empresa Elit3 14, que fue investigador del grupo de investigación Hermeneia y docente del máster de la UB Literatura en la era digital junto con Borràs e Isaías H., también ha negado haber presentado ninguno de los ocho presupuestos que aparecen en los expedientes de contratos menores.

El 2015 Isaías H. envió un correo electrónico a la cooperativa de diseño gráfico y contabilidad Smartcooper pidiendo poder hacer una factura a través suyo, pero se lo denegaron. La representante de la cooperativa negó la autoría de dos presupuestos por contratos del 2015 y 2016, y aseguró que ellos no presentan presupuestos, sino facturas pro forma y proyectos, y que la dirección de correo electrónico que figura en los documentos es incorrecta.

Isaías H. era socio de Red Integral, una cooperativa de defensa de personas en riesgo de exclusión y que también presta el servicio de gestión fiscal y facturación a sus socios. Estos, a cambio de pagar la cuota periódica de socio, perciben, normalmente en metálico, el importe íntegro de la factura cobrada por la cooperativa. Isaías facturaba a través de esta cooperativa los servicios de docencia al máster de la literatura de la UB.

Isaías H. también era socio de Freelance, una cooperativa que también factura a nombre de profesionales audiovisuales, cobra los servicios y los transfiere a los asociados descontando seguros, comisiones, costes de Seguridad Social e IRPF y los gastos de gestión. Isaías H. fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena de la entidad en varios periodos del 2013, 2015 y 2017. Un representante de esta cooperativa también ha negado que elaboraran los presupuestos que figuran en los contratos menores, que están elaborados con las plantillas que utilizan y que contienen algunos datos erróneos.

Indicios

Por último, en el registro del domicilio de Isaías H. se encontraron todos los presupuestos y facturas presentadas en los 18 expedientes de contratos menores. En concreto, una carpeta denominada 'presupuestos-LAURA' tenía tres archivos que correspondían a los presupuestos presentados por el grupo de investigación de la UB Hermeneia en tres expedientes investigados.

Por todo eso, el magistrado instructor concluye que Isaías H. percibió directamente de la ILC el precio del seis contratos menores adjudicados directamente a él, 112.500 euros, más 21.500 euros de un contrato adjudicado a Red Integral. Las declaraciones de la renta del 2013 en el 2017 de Isaías H. revelan que la mayor parte de sus ingresos procedían de trabajos realizados para la ILC, cobrados en nombre propio o a través de la cooperativa Freelance.

Además, entre el 2013 y en el 2017 recibió varias transferencias de Red Integral y también hizo ingresos en efectivo coincidiendo con el cobro de algunas facturas. De hecho, del 2014 a 2016 Red Integral pagó más de 51.000 euros en metálico. De Freelance recibió unos 32.000 euros y hay un correo del 2013 de Isaías H. a Freelance donde pide que supriman su nombre de una factura hecha para cobrar uno de los contratos.

También hay indicios que Andreu P.M. ganó un contrato en el 2014 con un presupuesto hecho en realidad por Isaías H.. De hecho, pocos días después de ganar dos contratos en julio del 2014, Isaías H. dijo a P.M. cómo tenía que llenar las facturas, advirtiéndolo que los conceptos eran "todos inventados". También le decía que no hiciera caso de los precios, ya que no eran ni orientativos y que las facturas se hacían para cobrar un contrato anual encubierto. Una vez Andreu P.M. y su empresa cobraron las facturas, hicieron transferencias a Isaías H. por valor de 30.000 euros a cuenta de unas facturas que el informático había presentado a P.M. por servicios que no constan. Las facturas y presupuestos de Andreu P.M. en la ILC se encontraron en casa de Isaías H.. Otro informático también trabajó para la ILC por encargo de Andreu P.M. el 2013 y 2014 y consultaba dudas técnicas con Isaías H.. Otro indicio revelador es que en el código fuente del portal web de la ILC aparece en múltiples ocasiones el correo electrónico personal de Isaías H.. Los discos duros del principal encausado revelan que los presupuestos de varias empresas fueron creados por el mismo equipo informático, en las mismas fechas y con el mismo software.

Con todos estos indicios, el magistrado instructor abre el procedimiento abreviado contra Borràs, Isaías H., Andreu P.M. y Roger E.P., responsable de gestión administrativa desde el 2016 y a quien el magistrado considera que era consciente de las irregularidades.