Begoña Gómez planta al juez Peinado y pide que se archive su causa por malversación

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se presentó ayer en el juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación en el caso de la contratación de su asesora y para informarles que, si va a juicio, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces. La defensa de Gómez consideró que se trata de un trámite en el que su presencia no es indispensable. Esta misma decisión adoptaron los otros dos investigados, la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que también había sido citados. El juez había emplazado a los tres para la comparecencia prevista en el artículo 25 de la ley del Jurado, que consiste, en esencia, en concretar la imputación de los investigados y en que las partes soliciten o bien el archivo de esta pieza separada o bien la continuación de la causa.

Durante la vista tanto Fiscalía como el abogado de la esposa del presidente solicitaron al juez el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de la mujer del presidente del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír, solicitaron al magistrado que cite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo. También reclamaron la testifical del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. De aceptar el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, estas diligencias, sería la segunda vez que Pedro Sánchez y Félix Bolaños declaran como testigos; el primero lo hizo ya en julio de 2024 y el segundo el Miércoles Santo de 2025, ambos en el palacio de la Moncloa, adonde el magistrado se desplazó para interrogarles.

La decisión de Peinado llega después de que el 10 de septiembre la mujer del presidente fuera citada de nuevo a declarar y sólo respondiera a unas breves preguntas de su defensa. En esa ocasión, se limitó a desgranar cuáles eran las funciones de su colaboradora y afirmar que Álvarez tiene acceso a toda su agenda.

El caso sube la tensión entre socialistas y populares

El caso de la mujer del presidente Pedro Sánchez centró ayer gran parte de la actualidad política y volvió a servir de leña para avivar el choque entre PSOE y PP. Los populares, que tildaron de “inmoral” la ausencia de Begoña Gómez en el juzgado, se presentaron como un partido que “trabaja al servicio de los españoles”, frente a un Gobierno “ocupado en los juzgados” y volvieron a pedir la dimisón del presidente Pedro Sánchez, afirmando que los casos judiciales contra su familia son “una vergüenza a nivel internacional”. Desde el PSOE denunciaron la campaña que se está haciendo contra el presidente, y el secretario general de los socialistas madrileños Óscar López, se dirigió al PP para recordarle los logros alcanzados por el actual Ejecutivo y señaló que “no hay ‘peinado’ que tape las carencias de Feijóo y los chanchullos de Ayuso”. En esta línea, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, la leridana Montse Mínguez se mostró convencida de que tanto este caso como el que afecta al hermano de Sánchez, quedarán “en nada”.

Por su parte, la secretaria general de Podemos y diputada del Congreso de los Diputados, Ione Belarra, afirmó que la opinión pública no sabe si la investigación por presunta malversación en marcha contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se debe a un caso de corrupción o a jueces haciendo política.

De adjudicaciones ilegales, a la asesora en Moncloa

La investigación contra Begoña Gómez se inició en abril del 2024 a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusó a la mujer del presidente español de utilizar esta condición para recomendar a empresarios que se presentaran a pujas públicas. En concreto, la acusó de un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. El propósito de las diligencias iniciadas por el juez Juan Carlos Peinado era investigar presuntas irregularidades en la adjudicación por parte del ente público Red.es de contratos sufragados con fondos europeos, pero a raíz de ahí se abrieron otras líneas de investigación, como si hubo trato de favor en la creación de cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que Gómez coodirige o si hubo malversación en la contratación de su asesora en Moncloa. La última maniobra del juez fue separar las causas que está instruyendo en relación a Gómez, para dejar una sola por malversación y poder llevar este caso ante un jurado popular.