POLÍTICA
El PSOE sigue confiando en el fiscal general pese a su condena del TS
López: “No nos callarán para denunciar los chanchullos de Ayuso”. El PP acusa al Gobierno de “cruzar una línea roja muy peligrosa” al cuestionar a los jueces
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en una foto de archivo. - EFE/J.J. GUILLÉN
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, aseguró ayer que el partido sigue confiando en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a la condena de dos años de inhabilitación por revelación de secretos hecha pública por el Tribunal Supremo, que a su juicio es “decepcionante” y genera “más dudas que certezas”, y criticó que haya “jueces que hacen política” y que se dé el mensaje de que “la verdad pierde”.
La política leridana defendió que el PSOE “siempre” ha confiado y sigue confiando en la inocencia del fiscal, sobre todo después de ver todo el transcurso del juicio y de escuchar a los testigos en el mismo.
“Estamos ante una condena sin conocer por qué se ha condenado al fiscal”, denunció Mínguez, quien afeó al Supremo su “poca delicadeza” al anunciar el fallo sin hacer pública la sentencia. En cualquier caso, aseguró que el PSOE la acata, lo que, según recalcó, “no quiere decir” que tenga que aceptarla “sin pestañear siquiera”.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, advirtió que la sentencia del Tribunal Supremo no les callará a la hora de denunciar “los chanchullos” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad”.
“Una cosa es acatar y otra cosa es callar”, remarcó el líder del PSOE madrileño durante un acto.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, fue más allá y acusó a una parte del Poder Judicial de estar “entregado” al derribo del Gobierno tras la condena el Tribunal Supremo “injustamente” al fiscal general del Estado.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, denunció que la condena muestra que el franquismo “pervive” en muchos órganos de poder del Estado, en algunos de sus tribunales, en sus cuerpos policiales”.
Sin embargo, para la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, el Gobierno está intentando deslegitimar el poder judicial para “proteger a uno de los suyos”, presentando al condenado como víctima y cuestionando la imparcialidad del Tribunal Supremo, algo que supone un “ataque” al Estado de derecho.
