El Gobierno aprueba un aval ante impagos de renta en el alquiler

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto en el que se establece la regulación de una cobertura para los propietarios ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas a jóvenes y personas vulnerables. El objetivo de esta cobertura, que era una de las reclamaciones de Junts al Gobierno y que será gestionada por las comunidades autónomas, es facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos, explicó el Ejecutivo.

Para poder acceder a ella, los arrendadores deberán cumplir con los siguientes requisitos: firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada autonomía), cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia y depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones, y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración. Junto con estas condiciones, las comunidades podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, dado que serán ellas las que gestionen estos avales.

Las compensaciones a las que da cobertura el aval contemplan el impago de rentas de alquiler, así como los daños causados a la vivienda o el coste de los suministros debidos. Los beneficiarios de esta medida, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, serán las personas arrendadoras de las viviendas o bien las comunidades si estas han suscrito un seguro con las personas arrendadoras. La cobertura, cuyo línea presupuestaria aún no se ha aprobado ni se ha especificado el importe con el que contará, estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.

Paralelamente, se aprobó un real decreto que modifica el estatuto de la entidad estatal de suelo Sepes para transformarla en la recién bautizada empresa pública Casa 47. Para ello, se prevé una inversión de 13.000 millones en diez años para elevar el parque público de vivienda hasta el 8%.