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La Audiencia de Lleida mantiene en prisión al padre de Nadia por riesgo de fuga

  • EFE
Actualizada 11/01/2017 a las 16:22
El cas Nadia Nerea

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© El cas Nadia Nerea

La Audiencia de Lleida ha acordado mantener en prisión provisional al padre de Nadia, Fernando Blanco, ante el riesgo de fuga, que el tribunal cree que puede aumentar por la gravedad de las penas que afronta tras usar supuestamente a su hija para convertir la "beneficencia" en su medio de vida.

En un auto fechado el pasado lunes, 9 de enero, la Audiencia avala la decisión del juez de instrucción de enviar a Blanco a prisión, aunque no entra a valorar los nuevos delitos de explotación sexual por los que se investiga ahora a la pareja, dado que la causa no contaba aún con el informe que los Mossos d'Esquadra remitieron ayer al juzgado tras hallar fotografías de contenido sexual de la menor en archivos informáticos de sus padres.

En su escrito, la sección primera de la Audiencia de Lleida coincide con el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) y considera que existen "suficientes indicios" para sustentar que los investigados "convirtieron la beneficencia como su medio de vida", sirviéndose para ello de su hija menor de edad, para engañar a los donantes, que les daban dinero pensando que iría destinado al tratamiento de su supuesta enfermedad rara.

Para la sala, los investigados "crearon un entorno dirigido a recaudar y conseguir fondos y recursos económicos que supuestamente eran necesarios para sufragar el tratamiento médico de una enfermedad muy poco común, denominada tricotiodistrofia, que le había sido diagnosticada a su hija menor de edad", lo que les permitió recaudar más de 900.000 euros, de los que 313.748 han quedado bloqueados.

"Aquellos fondos -señala la Audiencia- no se destinaron al fin para el que se habían obtenido sino que, por el contrario, aparentemente se utilizaron para el propio y exclusivo beneficio de los investigados, defraudando presuntamente con ello la confianza de centenares de personas o de instituciones que desinteresadamente habían efectuado aquellas entregas y donaciones con el único propósito de colaborar con el tratamiento médico de su hija".

El abogado de los padres recurrió ante la Audiencia la decisión del juez, acordada el pasado 9 de diciembre, de enviar a prisión al padre, alegando que no existía riesgo de fuga, dado su arraigo personal, social y familiar, y que tampoco podía destruir pruebas, porque los Mossos d'Esquadra ya las habían obtenido en los registros practicados.

Sin embargo, la Audiencia considera que concurren todos los supuestos para justificar la prisión provisional, especialmente el riesgo de fuga, pero también la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva.

La sala argumenta especialmente el riesgo de fuga, ya que considera que el padre no tiene un arraigo "fuerte" que garantice que no huiría, ya que no solo planeó supuestamente su huida cuando se supo perseguido por la justicia, sino que el riesgo puede "incrementarse" con la "gravedad" de las penas con las que se sanciona el delito de estafa grave.

Según la Audiencia, en el actual momento procesal se aprecian "elementos suficientes" para imputar al padre un delito de estafa agravada, con penas superiores a los dos años de prisión, que comportarían su ingreso en la cárcel.

"Tampoco puede descartarse que el ahora investigado cuente con una eventual capacidad económica que le permita huir u ocultarse a la acción de la Justicia, ya que en estos momentos tan solo ha podido inmovilizarse una tercera parte de los recursos económicos supuestamente obtenidos por el investigado a lo largo de los últimos años".

El análisis de los movimientos bancarios de la pareja efectuado por los Mossos d'Esquadra ha acreditado que la familia gastó en fines ajenos al tratamiento de la menor 600.000 de los 918.000 euros que recaudaron en donativos para la niña desde el año 2008.

En el recurso para poder abandonar la prisión, el padre alegaba que si estuviera en libertad podría acompañar a los investigadores a los centros homeópatas donde afirma que trató a la niña, porque no recuerda sus direcciones, pero sería capaz de ir "si estuviera en libertad", para así poder lograr "pruebas y documentos para hacer valer su defensa".

Por contra, el tribunal sostiene que el investigado no ha podido concretar en qué consistieron los tratamientos médicos para su hija ni indicar los centros médicos en los que supuestamente se llevaron a cabo.

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