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Bienestar aún trabaja con la fundación del 'caso Castelldans' y sólo la multa

Le impone 35.000 euros que la entidad ha recurrido ante el juez de lo contencioso

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El expediente sancionador que la Generalitat abrió a la Fundació Concepció Juvanteny, que no detectó las gravísimas violaciones a niños acogidos por el pederasta de Castelldans, ha acabado con una multa de 35.000 euros que la entidad ha recurrido ante el juez. A pesar de ello, la conselleria no dejará de trabajar con la fundación.

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha multado con 35.000 euros a la Fundació Concepció Juvanteny, la entidad privada encargada del seguimiento de menores tutelados por la Generalitat, entre ellos los que tenía en acogida el pederasta de Castelldans, David Donet, condenado a 51 años de cárcel por violar a cinco de estos niños. Este es el resultado del expediente sancionador que la conselleria abrió en 2013 (y que después estuvo suspendido durante el proceso penal) a la fundación después de una investigación interna en la que constataron, según su versión, que el seguimiento de los menores que había hecho la entidad no había sido cuidadoso. Sin embargo, y a pesar de que durante el control del proceso la Fundació Concepció Juvanteny no detectó los abusos a niños acogidos que Donet cometió durante años, la Generalitat ha decidido seguir trabajando con la entidad como hasta ahora y que esta siga siendo una de las nueve asociaciones que se encargan en toda Catalunya de evaluar la idoneidad de las familias de acogida y de controlar el proceso, en un servicio que lleva externalizado dos décadas.

Según explicó a este diario el abogado de la Fundació Concepció Juvanteny, que apuntó la cuantía de la multa, el motivo del departamento para sancionar a la entidad es no haber informado de determinadas cuestiones cotidianas que afectaban a los menores, tales como haber sido expulsado de la escuela o una visita al médico, pero en ningún caso relacionadas con los abusos sexuales que sufrieron. “Actuamos de acuerdo a como nos habían pedido desde el departamento y siempre se informó de las cuestiones relevantes que afectaban a los niños”, aseguran desde la entidad. En su día, el departamento entonces llamado de Bienestar aseguró que su investigación interna había puesto de manifiesto que David Donet descuidaba los estudios de los niños que tenía a su cargo, que presentaban falta de higiene y que iban con un aspecto muy deficiente y que estos hechos no le fueron comunicados correctamente por parte de la Fundació Juvanteny, que fue la encargada de acreditar la idoneidad del pederasta de Castelldans como familia de acogida y de hacer el seguimiento de los menores desamparados.

La conselleria pidió perdón en 2013, pero aseguró que los abusos eran indetectables

La entidad presentó el pasado mes de junio un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Barcelona. El juez les concedió la suspensión cautelar de la sanción, que no deberá ejecutarse hasta que no haya una sentencia.

Condenado a 51 años de prisión por violar a 5 niños David Donet convirtió su vivienda de Castelldans en ‘la casa de los horrores’. Allí cometió las violaciones a sus víctimas y allí los Mossos d’Esquadra encontraron casi 14.000 fotografías e imágenes de contenido pedófilo. Todo ello le llevó a ser condenado en mayo de 2015, dos años después de que SEGRE despatara el caso, a 51 años y ocho meses de prisión por violar de forma reiterada durante más de una década a cinco niños, cuatro de los cuales eran menores tutelados por la Generalitat que él tenía en acogida. David Donet fue acreditado como familia de acogida por la Fundació Concepció Juvanteny (la única entidad de Catalunya encargada de procesos de acogida múltiple, como era el caso) en 1997 y desde entonces y hasta que fue detenido en 2013 había llegado a cuidar en su casa a 14 niños desamparados. Su arresto obligó al departamento de Bienestar a abrir una investigación interna sobre lo ocurrido y a la entonces consellera, Neus Munté, a pedir perdón. Sin embargo, la conselleria aseguró entonces que “ni de la documentación analizada ni de las entrevistas hechas se podía detectar ningún indicio de abusos sexuales ni se podía entrever que fuera un pederasta”, afirmó en aquel momento Munté, que anunció en 2013 más controles de las familias y del proceso.

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