Más de 60 municipios, con planes de ajuste económico para evitar la intervención estatal

Más de sesenta municipios de las comarcas de Lleida se han sometido en los últimos cuatro años a planes de ajuste económico y financiero para evitar el riesgo de que el Estado intervenga sus cuentas, tal como ha hecho este mes con el ayuntamiento de Madrid. Mucho antes del artículo 155, la ley de estabilidad prespuestaria de 2012 y la reforma de la ley local de 2013 otorgaron al Gobierno la capacidad de sancionar, intervenir e incluso disolver consistorios y otros entes locales que incumplan objetivos sobre límites de gasto, de deuda y de plazos de pagos a proveedores.

Una treintena de ayuntamientos tienen planes de ajuste en vigor, y en al menos una docena de ellos se prolongan hasta 2018. Algunos han concatenado dos planes de este tipo en los últimos 4 años, mientras que otros han cumplido los suyos sin necesidad de nuevos ajustes y han conseguido adaptarse a los criterios de equilibrio económico que fija el Estado. Un ejemplo de esto último es Cervera, actualmente sin plan económico financiero tras someterse a uno en 2014 y 2015.

Otras capitales como Balaguer, Mollerussa y La Seu han adoptado también este tipo de planes de ajuste, al igual que más de 50 pueblos, algunos consells y diferentes entidades municipales descentralizadas (EMD). La normativa estatal exige aprobarlos tan pronto como el gobierno local detecta que las cuentas se han desviado de los objetivos de estabilidad económica, y deben establecer medidas para alcanzarlos y el plazo para hacerlo. Es Hacienda quien da el visto bueno definitivo a cada uno de estos planes, que condicionan créditos e inversiones. En caso de incumplimiento, la norma prevé retenciones de fondos, multas coercitivas y, en última instancia, “la disolución de los órganos de la corporación local”.