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TRIBUNALES CRIMEN

Fiscalía pide más de 48 años de cárcel para el cazador que mató a dos rurales en Aspa

Actualizada 17/07/2018 a las 10:43
El Ministerio Público solicita que Ismael Rodríguez, autor confeso, indemnice a los familiares de las víctimas con más de un millón de euros || Le acusa de dos delitos de asesinato con alevosía
Ismael Rodríguez Clemente en la reconstrucció dels fets del 21 de gener del 2017 a Aspa.

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© Ismael Rodríguez Clemente en la reconstrucció dels fets del 21 de gener del 2017 a Aspa.

ÒSCAR MIRÓN

La Fiscalía solicita una condena de 48 años y cuatro meses de cárcel para Ismael Rodríguez Clemente, el cazador que confesó haber matado a tiros a dos agentes rurales, Xavier Ribes y David Iglesias, de 43 y 39 años, el 21 de enero del año pasado en un coto de caza en Aspa. El Ministerio Público considera que el cazador, de 30 años y de Vacarisses (Vallès Occidental), es autor de dos delitos de asesinato con alevosía en concurso con un delito de atentado a agentes de la autoridad, y le pide una pena de 23 años y 8 meses de prisión por cada uno de ellos. También le pide otro año de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas porque que no tenía licencia de la escopeta. La había puesto a nombre de un amigo para quien la Fiscalía también pide un año de prisión, en este caso como cooperador necesario. El fiscal también solicita que Rodríguez indemnice con más de un millón de euros a los familiares de las víctimas, concretamente a sus viudas, sus hijos y sus padres.

El doble crimen se produjo la mañana del 21 de enero de 2017. Las dos víctimas, Xavier Ribes y David Iglesias, se acercaron al cazador para efectuar una inspección rutinaria. El fiscal afirma en su escrito que los rurales, tras solicitar a Rodríguez que descargara el arma, “para evitar ser identificado sin licencia de armas tipo E, sin permiso de acceso al coto y con un arma de la que no era titular, se giró hacia ellos, les apuntó y les disparó con la intención de acabar con su vida”. Según la Fiscalía, el cazador, que sabía que los rurales no iban armados, estaba “aproximadamente a una distancia de entre 3 y 6 metros y efectuó dos disparos, uno contra cada uno de ellos”. Posteriormente, “cuando ya se encontraban en el suelo, se aproximó a ellos y volvió a dispararles”. Fiscalía recuerda que la escopeta utilizada “estaba preparada para disparar únicamente tres cartuchos, de forma que para disparar el cuarto, el acusado recargó la escopeta”.

El fiscal aplica en su acusación la atenuante de confesión. Ismael Rodríguez Clemente explicó a sus compañeros de caza lo que había sucedido sobre las 10.50 horas, “lo que motivó que a las 11.39 horas telefoneara al 112, comunicando los hechos y el lugar donde se encontraba”.

Por su parte, las familias de las víctimas solicitan que la pena supere los 50 años de cárcel. La defensa del acusado anunció meses atrás que solicitará que se le impongan 20 años de cárcel porque considera que debe ser acusado de dos delitos de homicidio “con las atenuantes de confesión y alienación mental transitoria”.

Más medidas de protección tras la tragedia, alguna sin aplicar todavía

El doble crimen generó un debate sobre la seguridad de los agentes rurales. La Generalitat anunció varias medidas, aunque algunas de ellas todavía hoy siguen sin aplicarse. De esta forma, se estableció patrullar en grupos de tres y uno de los agentes con arma larga en controles de caza. Los agentes también han hecho un curso de formación de autodefensa y ya disponen de los chalecos antibalas para actuaciones que comporten riesgos como pueden ser controles de caza, pesca o acceso motorizado a la montaña. Sin embargo, todavía no han llegado las defensas extensibles y las esposas. A pesar de ello, los controles de caza han disminuido, entre otras razones, porque no se sienten seguros. Concretamente, pasaron de las 15.400 actuaciones en 2016 a las 11.300 del año pasado, un descenso del 25% que fue consecuencia del crimen de Aspa. Los agentes rurales de Lleida han sufrido medio centenar de agresiones en los últimos 20 años, desde amenazas de muerte e insultos hasta golpes, según la Associació de Professionals d’Agents Rurals de Catalunya (Asparc) y CCOO.

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