La jueza ve indicios de amaños de contratos entre empresas y Diputación de Lleida

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ve indicios de amaños de contratos entre constructoras y la Diputación. El sumario, de 5.000 folios y al que ha tenido acceso SEGRE, apunta al presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones. Este caso provocó 24 detenciones y la dimisión de Joan Reñé como presidente provincial.

La jueza que instruye la investigación en torno a la presunta trama de corrupción en la diputación de Lleida ve indicios de amaños en contratos de obra pública en los que habrían participado empresas de Lleida con la cooperación de altos cargos de la corporación provincial. Así se desprende del largo y denso sumario derivado de la operación Boreas, iniciada a raíz de una querella de la Fiscalía de Lleida. El sumario, de 15 tomos y cerca de 5.000 folios y al que ha tenido acceso este diario, compila los resultados de una larga investigación de tres años, con escuchas policiales incluidas de las conversaciones entre los principales investigados y terceros, y apunta a presuntas irregularidades en adjudicciones de obras de la Diputación y a connivencia con un lobby de empresas que se reunían en lo que un testigo llamó la Taula, que concertaría una fórmula de distribución de los contratos. El fiscal presentó su querella, con fecha de diciembre de 2015, por presuntos delitos de soborno, blanqueo de dinero y administración desleal en los que implicaba al ya expresidente de la Diputación Joan Reñé, a su número dos, Marlen Minguell, a los consortes de ambos y a los empresarios Josep Maria Gruas y Gonçal Niubó. Sin embargo, la instrucción ha pivotado finalmente sobre varias ramificaciones y ha derivado en la investigación de personas como el responsable de Vías y Obras de la Diputación, Enrique Regaño, pieza clave en el sistema de adjudicacioes que se investiga. Sobre el primer eje, la investigación de los Mossos afirma que Reñé tiene 143.891 euros como ingresos sin justificar, mientras que Marlen Minguell tendría en esta misma condición 58.292 euros. El origen de la causa se remonta a un año antes de la querella del fiscal, a raíz de una denuncia anónima ante el juzgado, también remitida a la Oficina Antifrau, en la que se apuntaba a presuntos pagos de MiJ Gruas a Reñé y Minguell por la adjudicación de la gestión de las depuradoras del Pla d’Urgell cuando dirigían el consell de esta comarca en 2009. Con posterioridad, Miquel Gruas Bardina, sobrino del máximo responsable de la compañía, Josep Maria Gruas Estadella, y enfrentado a la dirección de la empresa, aportó documentación sobre presuntas adjudicaciones y pagos irregulares de la Diputación a la compañía. También testificó en la instrucción el exinterventor de la Diputación Josep Jaume Mateu y el sindicato CSIF se personó en la querella como parte. En el sumario no constan pagos irregulares a CDC.

Las sospechas de la Fiscalía y la jueza de instrucción sobre las adjudicaciones concertadas tendrían como base un nuevo sistema de contratación que se aplicó en el encargo de obras de la Diputación a partir de 2012. En el sumario de la investigación, la unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra hace constar parte de la investigación iniciada por la Oficina Antifrau de la Generalitat, y luego entregada a la Fiscalía, y en una de las reproducciones se menciona el llamado sistema Gisa (Gestió d’Infrastructures de la Generalitat, actual Infraestructures. cat) de contratación. Sería la fórmula trasladada a la Diputación de la mano de Joan Reñé (que un año antes había iniciado su primer mandato en la Diputación), Marlen Minguell, Enrique Regaño y Ramon Lleonart, exalcalde de Torregrossa y asesor de la Diputación en materia de Infraestructuras. Los cuatro fueron detenidos, interrogados y puestos en libertad junto a otras 21 personas el pasado 2 de octubre. El sistema Gisa prevé el descarte de las ofertas cuyo componente económico contempla una baja del presupuesto más allá del 3%, lo que la lleva a considerarlas temerarias y quedan descartadas. Esta fórmula, según concluye el sumario, permite un mayor control en las licitaciones y posibilitaría favorecer el encargo de obras a empresas leridanas agrupadas en UTE.