Contratados por el Ayuntamiento de Almacelles reconocen que no hicieron ningún concurso público

El juzgado de lo penal 1 de Lleida ha acogido este martes la segunda jornada del juicio contra el alcalde de Almacelles (Segrià), a Josep Ibarz, al cual la fiscalía acusa de presuntas contrataciones a dedo durante 10 años. Han declarado personas contratadas por el consistorio entre los años 2005 y 2012 y todas han reconocido que accedieron a su puesto de traajo después de hacer una entrevista pero que no hicieron ninguna oposición ya que no se convocó ningún concurso público.

La mayoría también han explicado que su contratación se hizo "por motivo de urgencia" y algunas de ellas ocuparon el cargo varios años. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el acusado por un delito continuado de prevaricación administrativa. El juicio continuará el jueves.

La primera a declarar ha sido una mujer que actualmente trabaja de auxiliar administrativa. Aprobó la oposición en el 2018, cuando se empezaron a hacer concursos públicos, después de que empezara la investigación, en el 2016. Antes, sin embargo, había estado trabajando en el Ayuntamiento, en varios puestos de trabajo sin que se convocara ninguna oposición.

La testigo ha explicado que empezó a trabajar en el consistorio en el 2005 como auxiliar administrativa y ha añadido que, aunque aquel año convocaron dos plazas, finalmente no hizo el examen pero la llamaron igualmente para incorporarse. Sólo un año después, la ascendieron a interventora interina, sin convocar tampoco ningún concurso público. Entonces lo justificaron por motivo de urgencia pero estuvo en el cargo 4 años hasta que el secretario emitió un informe desfavorable alegando que ella no cubría los requisitos para ocupar esta plaza y la cesaron. Sin embargo siguió en el ayuntamiento.

Mientras se buscaba alguien para cubrir este puesto de trabajo, la nombraron funcionaria interina, también sin concurso público, y al no encontrar a nadie para sustituirla volvió a ocupar la plaza de interventora hasta que lo dejó "por motivos personales". La mujer ha negado que el hecho de que la familia de su marido tuviera un taller mecánico donde se arreglaban algunos coches del Ayuntamiento de Almacelles fuera el motivo de sus contrataciones y ha destacado que tenía experiencia como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Vielha, donde trabajó durante 6 años en la sección de contabilidad e intervención.

Además, ha destacado que tiene una licenciatura y una diplomatura en estudios empresariales y uno Diplomatura máster en fiscalidad en administraciones públicas y que por lo tanto contaba con los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo. También ha declarado el interventor actual.

Aunque obtuvo la plaza a través de una oposición pública en el 2017, ha explicado que ocupa este cargo desde el 2012, cuándo accedió sin concurso público, después de enviar el currículum y hacer una entrevista.

Sobre el posible trato de favor que apunta la Fiscalía para ser militante entonces del CiU, el hombre ha explicado que hacía pocos meses que militaba al partido ya que de 1988 en el 2011 era militante del PSC. "Dudo de que siendo militante hacía 2 meses me dieran el trabajo por eso", ha dicho.

En el caso de un policía local, estuvo hasta 7 años ocupando esta plaza a pesar de reconocer en su declaración de este martes ante el juez que cuando accedió, en el 2006, no contaba con el graduado escolar, uno de los requisitos para optar a este puesto de trabajo. "Me llamó mi padre y me dijo que el alcalde le había comentado que había quedado una plaza vacante por si me interesaba", ha dicho.

Su padre conocía Ibarz porque se encargaba de la recogida de basura al municipio, ha añadido.En este caso, ha explicado, le hicieron un test psicotécnico y una prueba de catalán y lo contrataron. Tampoco superó ningún concurso público porque no se convocó. Estuvo como policía local en Almacelles hasta el 2017.

De entre los testigos que han declarado este martes, también ha comparecido la secretaria de Almacelles, que trabajó durante 9 meses entre el 2016 y el 2017 y que ocupaba este puesto de trabajo cuando los Mossos d'Esquadra entraron al Ayuntamiento con unos mandamientos de la Fiscalía para buscar información referentes en los presuntos contratos irregulares. La mujer no recordaba demasiado aquel día porque "ha pasado mucho tiempo", ha declarado a preguntas tanto de la Fiscalía como de la defensa.

Sin embargo, sí que ha recordado que los mandamientos que le enseñaron le resultaron "un poco extraños" y que también la llamó el abogado para decirle que "vigilara". Por todo eso, ha reconocido, no quiso firmar el acto que le entregaron los Mossos en que se recogía lo que habían estado haciendo.

Según el ministerio fiscal, el Ayuntamiento de Almacelles pasó de 63 trabajadores en el 2003 en los 123 en el 2015 y la mayoría de los contratos se hicieron de manera "totalmente arbitraria", por decreto de urgencia firmado por el alcalde y sin convocar ningún concurso público.

Además, según el ministerio público, Ibarz habría aprovechado su cargo para contratar amigos, personas afines a su ideología política o familiares, impidiendo así acceder a estos puestos de trabajo personas con más méritos.