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MÚSICA POLÍTICA CULTURAL

Los festivales denuncian las trabas tras el caso de Escalarre

Terneros con manguitos “protestando” en los prados de Escalarre.

Terneros con manguitos “protestando” en los prados de Escalarre.PLATAFORMA SALVEM DOCTOR MUSIC

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La Asociación de Promotores Musicales (APM) ha reclamado a las administraciones “una mayor sensibilidad” con los festivales de música “por el capital social, cultural y económico que aportan a las ciudades y comunidades autónomas”. Esta queja se suma a la de la Asociación de Festivales de Música (FMA) lamentando “las trabas burocráticas y administrativas a las que se enfrentan los organizadores año tras año”. “La situación que han vivido Sónar (la huelga de montadores) y Doctor Music Festival (cancelación del festival en Escalarre y traslado a Montmeló), por citar solo dos ejemplos recientes, pone sobre la mesa una situación de incertidumbre que viven repetidamente los festivales de música en España”, recordaron los promotores musicales, quienes instan a las instituciones a “crear nuevos marcos legales”. “El problema que identifica APM es la falta de regulación del sector de la música en vivo, que ha tenido que adaptarse a las normativas de otros sectores”, lamentó Albert Salmerón, presidente de APM. En este sentido, recordaron que esta situación no solo afecta a la gestión de licencias y permisos, sino también a cuestiones como la prevención de riesgos laborales y la cesión y uso de espacios. Este pasado jueves, festivales como el FIB, Dcode o BBK Live pedían medidas como eliminar la imposición de licencia para eventos consolidados, “equiparándolos a la declaración responsable habitual en el resto de actividades económicas”. También reclamaban la fijación de compromisos de estabilidad plurianual entre festivales y administraciones públicas o una interpretación uniforme que “rompa las barreras de desigualdad”.

La reencarnación del Doctor Music Festival, que tenía previsto celebrarse en un principio en Escalarre en julio, fue cancelada tras las restricciones impuestas sobre zonas inundables por la Agència Catalana del Aigua, hecho que provocó el veto de su celebración en el Sobirà y se trasladó a Montmeló, aunque finalmente no logró celebrarse debido a la falta de venta de entradas.

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