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TRIBUNALES EL CONFLICTO CATALÁN

La jueza ordena identificar a todos los policías de las cargas del 1-O en Lleida

Actualizada 25/10/2018 a las 09:31
Admite la querella de Advocats per la Democràcia contra Pérez de los Cobos y Manso

La jueza ordena identificar a todos los policías de las cargas del 1-O en Lleida

La jueza ordena identificar a todos los policías de las cargas del 1-O en Lleida

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Imatge de la càrrega registrada al col·legi habilitat al CAP de Cappont.

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© Imatge de la càrrega registrada al col·legi habilitat al CAP de Cappont.

AMADO FORROLLA
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AMADO FORROLLA

Una jueza de Lleida ha admitido una querella de Advocats per la Democràcia contra el jefe policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, y la exsubdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, por las cargas en 12 colegios de Ponent. La magistrada ha ordenado identificar a todos los agentes que intervinieron. Se investigan tres supuestos delitos.

El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha ordenado identificar a todos los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en las cargas en doce colegios electorales de la demarcación de Lleida durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, así como entregar las comunicaciones entre estos cuerpos policiales y la sala de coordinación del dispositivo del 1-O. Lo ha hecho tras admitir a trámite una querella de la Associació d’Advocats per la Democràcia contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la exsubdelegada del Gobierno central en Lleida, Inma Manso, y otros cargos intermedios a los que los querellantes consideran responsables de las cargas policiales. Como pruebas, la asociación de letrados ha presentado imágenes y vídeos que “demuestran el uso injustificado y excesivo de la violencia, que tenía como único objetivo infligir miedo a los ciudadanos”. Por todos estos motivos, los letrados creen que se vulneraron los derechos fundamentales y que se incurrió en delitos de tortura −penado con entre 2 y 6 años de cárcel y la inhabilitación absoluta del cargo−, prevaricación y desorden público, entre otros. “No entendemos por qué en algunos colegios electorales se retiraron las urnas sin alterar la convivencia y en doce colegios leridanos se usó la violencia desmesuradamente”, explicó David Gil, añadiendo que “los agentes querían castigar a los votantes y esto no se puede tolerar en una sociedad democrática”. “En algunos operativos se llegaron a activar hasta 35 patrullas, un hecho inaudito que no hemos visto ni en las alertas por terrorismo”, apuntó. Respecto a la aceptación de la querella, los abogados aseguraron que “estamos muy satisfechos porque demuestra la objetividad de los órganos jurídicos. Queremos esclarecer lo que de verdad pasó y destapar la finalidad de los políticos que ordenaron el operativo”.

Primera resolución judicial contra las cargas policiales en Ponent

Las cargas del 1-O han dado lugar a numerosas causas judiciales en Lleida. La admisión a trámite de esta querella es la primera resolución judicial contraria al operativo policial en Ponent. Antes se incoaron diligencias contra profesores de La Seu d’Urgell por supuestro delito de odio. Se archivaron. También contra otro profesor de Tremp. Igualmente se archivaron. Varios heridos han presentado denuncias, pero las sentencias conocidas hasta ahora en Lleida han absuelto a los agentes, en la mayoría de los casos por no poder conocerse su identidad o por considerar el juez que la fuerza utilizada era proporcionada. Algunos denunciantes, además, podrían ser multados por la ley Modaza. Se da la circunstancia de que la causa admitida a trámite ahora es la que tiene más importancia, ya que comporta la investigación de todos los agentes.

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