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Ensimismados como estamos, algunos también aburridos, en el choque de trenes que ya se da por hecho entre los gobiernos de la Generalitat y de España por el proceso independentista de Catalunya –en las próximas horas se vivirá un nuevo hito, seguramente no el último, con la prevista aprobación por el Parlament de la ley del referéndum y su convocatoria, y la respuesta coercitiva por parte del ejecutivo de Rajoy– parece que no se presta atención a muchos temas pendientes de solución y, qué casualidad, afectan a las capas de la sociedad más débiles. Por eso son oportunos los aldabonazos o llamadas de atención sobre estos problemas porque hay ciudadanos indefensos que los están sufriendo. Hablar de la ley de la Dependencia es uno de ellos, un norma esperanzadora en su inicio pero que su desarrollo se ha convertido en una vergüenza nacional, primero por la dilación en los plazos de evaluación y resolución de las solicitudes y cuando todavía estaba en fase de desarrollo por los sucesivos recortes del Gobierno central en los primeros años de la crisis. Y luego la consabida batalla política entre ambos ejecutivos sobre quién debe aportar la financiación. El resultado es que diez años después sigue sin cumplir los objetivos para los que fue aprobada, y asistimos a la injusticia de que en las comarcas de Lleida más de 5.000 vecinos han fallecido esperando una ayuda a pesar de que tenían reconocido este derecho. En la actualidad, en la provincia leridana hay 10.931 personas que reciben algún tipo de ayuda contemplada en la ley de la Dependencia, aunque lo acumulado de solicitudes desde 2007 supera las 42.000, siendo el perfil mayoritario el de una mujer que supera los 80 años.

La ley de la Dependencia, que en su aprobación fue calificada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el cuarto pilar del estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad y las pensiones, ha quedado lejos de esta expectativa y tampoco los gobiernos de Mariano Rajoy se han esmerado en mejorar su aplicación. Eso sí, ha habido grandes cantidades de dinero para salvar bancos en quiebra, construir kilómetros y kilómetros de vías obcecados en que el AVE llegue a todos los rincones, tapar el vergonzoso fiasco del Castor, etc., en vez de cubrir las necesidades de las personas más desvalidas.

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