La Generalitat en el banquillo

La cúpula de las instituciones políticas catalanas destituidas en base al artículo 155, el presidente, el vicepresidente y doce consellers y la presidenta y cinco integrantes de la mesa del Parlament, afrontan hoy las peticiones fiscales más graves que se han formulado en España desde el golpe de Estado del 23-F. Los primeros testificarán ante la Audiencia Nacional y los segundos en el Tribunal Supremo y los veinte tienen que responder a las acusaciones del fiscal por rebelión, sedición y malversación de fondos que pueden acarrear condenas de hasta 30 años de cárcel. Puigdemont y otros cuatro consellers ya han anunciado que no acudirían a declarar a la Audiencia y el abogado del president cesado pedirá la declaración desde Bruselas, algo que se ha hecho en alguna ocasión pero que no es habitual y no parece fácil que se conceda, con lo cual se arriesga a una orden europea de detención si no comparece, y también como advirtió el miembro de la mesa Joan Josep Nuet a un posible endurecimiento de las medidas cautelares para el resto de acusados si se baraja la posibilidad del riesgo de fuga. En cualquier caso, la tipificación de los supuestos delitos parece exagerada porque la sedición castiga con penas de hasta 15 años a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para impedir la aplicación de las leyes, y aún más grave es la calificación de rebelión tipificada para quienes “se levanten violenta y públicamente” contra la Constitución o para proclamar la independencia de una parte del Estado. Aquí, es evidente que no ha habido más violencia que la represión del referéndum del 1-0 y es una barbaridad confundir la libertad de manifestación y las caceroladas con actos violentos como hace el fiscal en su calificación. Si no ha habido violencia, no pueden calificarse los hechos como rebelión, y sobre la supuesta sedición no pueden considerarse las manifestaciones que siempre han sido pacíficas y ordenadas como actos tumultuarios y menos aún condenar a los consellers o los miembros de la Mesa como los instigadores. Pero ya fue un error decretar la prisión provisional de los dirigentes de ANC y Òmnium y hoy puede repetirse y ampliarse, porque encarcelar a dirigentes políticos por sus ideas políticas sería dar la razón a las críticas formuladas por Puigdemont en Bruselas. A todos nos conviene que los veinte imputados declaren, vuelvan a casa, puedan defender sus ideas y que todos votemos el 21-D.