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EDITORIAL
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Más complicado todavía

Actualizada 13/07/2018 a las 10:32

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido que el expresidente Carles Puigdemont puede ser extraditado a España por el supuesto delito de malversación, pero no por el de rebelión como reclamaba el juez del Supremo español Pablo Llarena, por entender que la actuación de los independentistas “no alcanzó la magnitud de la violencia necesaria”.

En cambio, sí considera la extradición de Puigdemont por presunta malversación de caudales públicos algo que en principio relativizaría tanto la consideración de persecución política que sostienen los sectores soberanistas y que trasladaría la valoración de sus actuaciones a la justicia española, como el carácter insurreccional que se les ha atribuido desde el instructor del Supremo, y sobre todo la tipificación que ha hecho el juez Llarena considerando los hechos de septiembre y octubre como rebelión.

La decisión del tribunal alemán abre ahora un panorama que complica aún más la situación porque, de aceptar la extradición, puede darse la paradoja de que el máximo responsable del procés, Carles Puigdemont, afronte unas acusaciones de malversación y desobediencia, por las que en los supuestos más agravados representan penas de doce años, mientras que sus teóricos subordinados, Oriol Junqueras, quienes eran consellers y los dirigentes de las entidades soberanistas, afrontan posibles condenas de 30 años.

No sería razonable mantener esta disparidad de acusaciones, ni se lo plantea el Supremo, que ante la derrota de las tesis del juez Llarena en Alemania, baraja la posibilidad de renunciar a la euroorden contra Puigdemont, dejándole en el exilio europeo mientras recurre al Tribunal Europeo para intentar revertir la situación, y continuar con el proceso del resto de implicados.

Tampoco sería justo porque se penalizaría a quienes acudieron ante la justicia española, continúan en prisión y tienen que afrontar acusaciones más desmesuradas de lo que tribunales europeos consideran imputables. Lo razonable sería que los supuestos hechos delictivos, malversación o desobediencia, se juzgaran en tribunales españoles sin ánimo de venganza, basándose en hechos probados y demostrables sin convertir cada decisión en una victoria o una derrota. Porque ayer mismo unos interpretaban como un éxito lo contrario de lo que algún abogado pronosticaba, la extradición por malversación, y otros obviaban la evidencia de que no se puede probar la rebelión.

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