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Europa vive su peor crisis sanitaria, económica y hasta social desde la segunda guerra mundial y la Unión Europea ha necesitado la cumbre más larga de la historia para aprobar unas medidas económicas que al inicio de la pandemia se prometieron generosas y han necesitado cuatro meses para concretarlas. La buena noticia es que finalmente se han aprobado 750.000 millones de euros, el plan más ambicioso de su historia que requerirá incluso su endeudamiento, de los que 390.000 millones se destinarán a ayudas directas y los otros 360.000 serán en forma de créditos y bien administrados puede ser un nuevo plan Marshall para Europa con el que recuperarse tras el impacto del coronavirus. Se ha vendido como un acuerdo histórico y un gran avance para la recuperación europea, y por la cuantía sin duda lo es, pero deja un regusto amargo por el regateo con que se ha alcanzado y porque la actitud de los países denominados frugales, con Holanda a la cabeza, tiene poco que ver con la solidaridad hacia los países del sur donde el impacto del Covid ha sido, y sigue siendo, especialmente duro. Se ha mantenido la cifra de los 750.000 millones, pero se han rebajado las ayudas directas de los 500.000 iniciales a los 390.000, se han repetido los tópicos de un sur ocioso frente a un norte ahorrador, olvidando que los frugales se benefician de una fiscalidad más relajada y son los que más se aprovechan del mercado único, y lo que puede marcar tendencia en la UE es que el eje franco-alemán que en esta ocasión contaba con el apoyo de países medianos como Italia y España ya no decide y, como sucedió en las votaciones del Eurogrupo, los pequeños y más ricos imponen sus criterios. No han conseguido imponer el derecho de veto a las ayudas, pero sí han creado mecanismos de intervención en caso de desviaciones, aunque lo prioritario era conseguir un acuerdo y que llegara el dinero europeo. A España le corresponderán 140.000 millones, de los que 72.000 serán en transferencias o ayudas directas que no hay que devolver y que deberían servir para paliar las pérdidas sufridas y reactivar los sectores más deteriorados, y en principio parece que Sánchez consiguió evitar las exigencias sobre la reforma de pensiones y el mercado laboral, por lo que podemos considerar que es un buen acuerdo. Ahora habrá que procurar que este dinero llegue realmente a la economía real, a las empresas y ciudadanos, que son los que lo necesitan.

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