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Con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones el Congreso de Diputados aprobó ayer definitivamente la ley de la eutanasia, que regula el derecho a reclamar una muerte sin sufrimiento, que entrará en vigor este verano. España será el quinto país en regular la eutanasia tras Canadá, los tres del Benelux y algunos estados norteamericanos, y podrán solicitarla quienes padezcan “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable que les cause un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

Para que se pueda aplicar se establecen unos mecanismos extremadamente garantistas, como no podía ser de otra manera, de forma que quien lo solicite ha de estar consciente o haberla reclamado en un testamento vital o un documento similar. Tiene que solicitarlo por escrito, u otro medio que deje constancia si no puede escribir, en dos ocasiones con un margen de quince días y dejando constancia que no obedece a ninguna presión externa.

También tiene que hacérselo constar a su médico, que debe informarle de las posibilidades terapéuticas, los cuidados paliativos y todos los resultados esperables, de forma que sea comprensible por el paciente y sus familiares y, posteriormente, el paciente tiene que confirmar su intención de reclamar la eutanasia. .

El proceso de autorización requiere el consentimiento del médico, refrendado por otro facultativo y, posteriormente, por dos expertos designados por la comisión de evaluación que habrá en cada autonomía, entre los que tiene que haber un jurista, y finalmente la aplicación de la ayuda a morir queda a cargo del médico que ha llevado el proceso. También se regula el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, que deben expresarlo anticipadamente, aunque “la Administración velará para que la renuncia de los sanitarios no menoscabe el acceso a la calidad asistencial de la prestación”.

Puede haber problemas con esta objeción como está sucediendo en algunas comarcas con el derecho al aborto y porque la Organización Médica Colegial, al igual que la Iglesia católica, ya se ha posicionado en contra de la ley, pero cabe esperar que la misma administración buscará alternativas porque estamos ante una regulación largamente esperada, que evitará muchos sufrimientos y que, según las últimas encuestas de Metroscopia, cuenta con el respaldo del 85 por ciento de la población. Estamos ante una decisión individual que depende de factores muy particulares, y es evidente que no se obliga a nadie y que se practicará con todas las garantías éticas y médicas, porque es un derecho de las personas decidir libremente sobre su futuro, al margen de las creencias que tenga, y es una ley que ayudará a evitar muchos sufrimientos a las personas con enfermedades incurables y dolorosas, y a los familiares que les acompañan.

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