Lledoners acuerda que los 'Jordis' puedan salir de prisión para trabajar y hacer voluntariado

La junta de tratamiento penitenciario de la prisión de Lledoners aprobó ayer la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium cultural, Jordi Cuixart, que ya hoy mismo podrán salir de la cárcel durante el día y sólo tendrán que volver para dormir.

Con esta medida, Cuixart podrá salir para trabajar, en una empresa de su propiedad, y hacer labores de voluntariado de lunes a viernes durante 9,5 horas al día, mientras que Sànchez podrá abandonar la prisión tres días a la semana durante 11 horas cada día para realizar un voluntariado en una fundación de carácter educativo.

Romeva, Bassa, Forcadell y Forn también presentarán una petición para ampararse en el 100.2

Aunque el artículo puede ser aplicado por la junta de tratamiento penitenciario de manera inmediata y sin contar con el aval previo del juez, la Fiscalía podría recurrir esta decisión, pero el recurso no paralizaría la decisión, y la última instancia judicial sería, en este caso, la Audiencia de Barcelona.

El artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que ambos habían solicitado, permite a los presos de segundo grado salir de prisión para realizar programas de voluntariado o trabajar para permitir que vayan incorporándose a la vida en libertad. Tanto Sànchez como Cuixart disfrutaron hace unos días de un permiso penitenciario ordinario de 48 horas, al que pudieron acceder tras cumplir una cuarta parte de su condena de nueve años por un delito de sedición durante el 1-O y están pendientes de que se aprueben sendas propuestas de permiso de tres días por parte de un juzgado de vigilancia penitenciaria.

Los que también presentarán una petición para ampararse en el artículo 100.2 serán los presos de ERC Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell, además del exconseller Joaquim Forn, que según sus abogados ya tiene los papeles preparados con una oferta laboral incluida.

Esta medida se aplica a una media de 405 internos al año y la decisión la toman las juntas de tratamiento de las prisiones, formadas por juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros funcionarios de carrera.