Moncloa desliga a Felipe VI del escándalo de su padre

El Gobierno central desligó ayer la posible responsabilidad que pueda tener el rey emérito Juan Carlos I ante la Justicia del actual Jefe del Estado, el rey Felipe VI. Asegura que en todo caso se es responsable de forma individual De hecho, El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por boca de su portavoz, María Jesús Montero, recalcó que su hijo, Felipe VI, renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre en lo que respecta a la polémica Fundación Lucum.

Hizo estas declaraciones después de que trascendiera que el gestor de cuentas en Suiza Arturo Fasana aseguró al fiscal Yves Bertossa que cree que no existe ningún documento oficial que acredite que el dinero que tenía depositado el rey Juan Carlos I en una cuenta de una sociedad panameña procediese de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015. Según El Español, así consta en la declaración que prestó en el marco de la investigación sobre el origen de los 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación Lucum, vinculada al monarca, y que se cree pueden proceder de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca. Con la sola finalidad de recibir y gestionar la supuesta donación, se creó la fundación Lucum, pero “desde el principio estaba claro que el beneficiario económico sería Juan Carlos I”, según Fasana. “Habíamos insistido mucho en eso”, precisó. Todo cambió, dijo, cuando se aprobó la amnistía fiscal en España en 2012. Fue justo ese año cuando la banca Mirabaud obligó a Juan Carlos I a cancelar su cuenta al estallar el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana. El rey emérito fue quien dio la orden de que se transfiriera todo el dinero, 64,8 millones, a una cuenta de su amiga Corinna Larsen, según consta en esta declaración.

Juan Carlos I fue quien ordenó transferir 64,8 millones a Corinna, según la banca Mirabaud

Los técnicos de Hacienda estiman que Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones a Hacienda por la supuesta donación. Piden a la Agencia Tributaria una investigación tributaria mientras no se notifique al rey emérito una investigación judicial o de Fiscalía.