Turull denuncia que no tuvo un juicio justo y que España coartó su libertad de expresión

Jordi Turull se convirtió ayer en el segundo dirigente independentista encarcelado por el 1-O, el primer político, en recurrir la condena que le impuso el Tribunal Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Una vez agotados los recursos en España, Jordi Pina y Francesc Homs, abogados de Turull, junto con Carles Puigdemont, de cuyo Govern fue conseller el ahora dirigente de JxCat, presentaron el recurso ante la Justicia europea aduciendo la infracción de tres preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según sus tesis, los magistrados del Supremo vulneraron el derecho de Turull a un juicio justo; su derecho a ser juzgado por un delito bien definido en el Código Penal, que en este caso se refiere a la sedición; y sus libertades de expresión y de reunión. Y es que el TEDH, que no forma parte del entramado institucional de la Unión Europea sino que se enmarca en el Consejo de Europa, examina los recursos que se le plantean en base a vulneraciones que los jueces de los Estados miembros del Consejo de Europea hayan podido cometer de los derechos y libertades que declara el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ante la Eurocámara, Homs, que fue condenado por el 9-N, pidió en una “resolución urgente” de la causa en Europa. “Después de una larga travesía por el desierto de la Justicia española, por fin nos encontramos en Europa”, añadió Pina.

Por su parte, Puigdemont aplaudió que “por primera vez” los presos independentistas “podrán disponer de un entorno en que no estará predeterminada la sentencia, lo que abre un período de esperanza”. Desde la prisión de Lledoners, el propio Turull, que cumple una pena de diez años de cárcel por el 1-O, manifestó que ahora “empieza un camino de esperanza”, y agradeció la labor de sus abogados.

Turull dice que el Supremo violó derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos

La ministra Belarra, a favor del regreso de Puigdemont

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, defendió ayer que Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas que permanecen en el extranjero desde hace más de tres años puedan regresar en libertad a Catalunya sin temor a ser detenidos, a fin de “normalizar” la situación política. Según manifestó la también dirigente morada, si se marcharon fuera fue por “el proceso de judicialización” del conflicto catalán. Además, Belarra advirtió que la libertad de los presos es “condición de posibilidad para que el diálogo fructifique” y dijo que es “enormemente legítimo” que los independentistas aspiren a conseguir un referéndum acordado con Madrid.

Belarra cree que la vuelta de Puigdemont “normalizaría” la situación y critica la judicialización

Las palabras de Belarra generaron un choque entre PSOE y Unidas Podemos en Moncloa, y la socialista María Jesús Montero, portavoz del Gobierno español y ministra de Hacienda, renegó de las afirmaciones de su compañera de Consejo de Ministros. Sostuvo que “el interés del Gobierno español es que Puigdemont pueda ser traído a España y juzgado”.

“Ha de responder ante la justicia frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años de los que nunca respondió ante los tribunales”, añadió Montero. En la misma línea, José Luis Ábalos calificó a Puigdemont de “fugado” y dijo que no se puede comparar su situación con los que asumieron “las consecuencias de sus actos”, en referencia a los dirigentes del procés que se quedaron, y fueron detenidos y encerrados.