Álvaro García Ortiz, el fiscal que aprendió que en este país si pillas un bulo te dicen ‘¿y qué?’ y sueltan otro

El 22 de julio de 2022 el diario Abc dedicó casi toda su portada a informar de que quien iba a ser fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se había reunido en un hotel de Madrid con Higini Cierco, expresidente de la entonces extinta Banca Privada de Andorra (BPA), para recabar indicios de que Mariano Rajoy chantajeó al banquero andorrano para que le facilitara datos de políticos independentistas. Lo negó Higini Cierco. Lo negó Álvaro Ortiz. Los dos dijeron que ni siquiera se conocen. Un juzgado de Madrid sentenció que la noticia era absolutamente falsa. La Audiencia de Madrid lo ratificó. 

¿Y qué? 

Aquel verano García Ortiz aprendería que la publicación de bulos para desacreditarle iba a ser constante durante todo su mandato. Carlos Herrera dejaba claro desde la Cope que en la campaña contra quien la derecha mediática llamaba despectivamente Alvarone se usarían niveles de agresividad inusitados. “Este nuevo fiscal es exactamente igual de sectario que la señora Delgado [Dolores Delgado, su antecesora en el cargo]. Fue el tío que, cuando se hundió el Prestige, quiso empurar a todo el PP. Esto suena a cabeza de caballo en la cama de Alberto Núñez Feijóo”, dijo Herrera con asombrosa delicadeza. La desfachatez del bulo era inaudita. García Ortiz no solo no empuró a nadie del PP por el Prestige, sino que el hecho de que no lo hiciera le costó las únicas críticas que oyó durante sus dos décadas al frente de la fiscalía de medio ambiente gallega, y esas críticas, por supuesto, no fueron de la derecha sino de la izquierda. 

¿Y qué? 

García Ortiz no tenía nada que ver con Dolores Delgado. Su único pecado era ser número dos de esta, pero tienen perfiles muy distintos. Delgado fue nombrada fiscal general tras haber sido ministra de Justicia y haberse presentado como candidata del PSOE en elecciones Pedro Sánchez se pasó ahí veinte pueblos, pero García Ortiz presentaba una trayectoria estrictamente profesional. En Galicia solo había tenido problemas políticos con Feijóo cuando este atribuyó una oleada de feroces incendios que pusieron en jaque a la Xunta, de la que entonces era presidente, a un supuesto “terrorismo incendiario” que García Ortiz negó. Cuando este salmantino de 57 años fue ascendido dijeron de él que se reunió con Higini Cierco. Era falso, pero ¿y qué? Que había ordenado que pescribiera el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal del caso lo negó, pero ¿y qué? Que había obligado a informar a favor de amnistiar a Puigdemont. El fiscal del caso lo negó, pero ¿y qué? Y entonces apareció la estrella, Miguel Ángel Rodríguez, quien se inventó, “porque tengo el pelo blanco”, que la presidencia del gobierno ordenó a García Ortiz que vetara un pacto con el novio de Ayuso. El fiscal general hizo una nota para explicar que eso era falso, pero esa nota le llevará al banquillo por revelación de secretos. Media docena de periodistas dijeron que conocían el pacto desde días antes de esa nota, pero ¿y qué? El juez ha dicho que García Ortiz ha seguido órdenes de Pedro Sánchez sin tener ningún indicio de ello, pero ¿y qué? Le han hecho un registro que solo se hace a terroristas, pero ¿y qué? Le impusieron 150.000 euros de fianza y esta cantidad supera en mucho a la fijada para la víctima de la Manada, pero ¿y qué? La causa ha seguido pese a que solo se ha podido acreditar que García Ortiz es una de las decenas de personas que tuvieron acceso al correo revelado, pero ¿y qué? La acusación se mantiene pese a que cada día se producen decenas de filtraciones, muchas de ellas en el Tribunal Supremo que le juzgará, y no se persiguen, pero ¿y qué? En la propia causa contra el fiscal general por revelación de secretos se han revelado un montón de secretos en forma de otras filtraciones que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación penal, pero ¿y qué? Le llevan a juicio pese a que se considera un indicio que borrara whatsapps de su teléfono, inviertiendo de forma insólita la carga de la prueba y llegando a la disparatada conclusión de que el borrado de los mensajes es una prueba de que estos eran inculpatorios, pero ¿y qué? De lo que se trata es de que el fiscal general se siente en el banquillo. Y Begoña Gómez también. Los dos serán absueltos, pero ¿y qué, si con ello nos cargamos, ¡al fin!, un gobierno bolivariano y felón?