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El ministerio de Hacienda hizo públicos este jueves los datos de liquidación del modelo de financiación correspondientes al 2015 y desgraciadamente se mantiene la tendencia que explica el descontento con que buena parte de la población asume el encaje de Catalunya en España: somos la tercera comunidad que proporcionalmente a su población aporta más ingresos tributarios, después de Madrid y Baleares, mientras que somos la décima en cuanto a los recursos recibidos desde el Estado, y si se aplica el mecanismo corrector del coste de la vida, Catalunya ya es la penúltima, con solo Madrid por detrás, que disfruta de las ventajas de la capitalidad y de que las grandes empresas están radicadas allí, que es donde tributan.

Traducido en cifras, Catalunya paga un 18,6 por ciento más que la media de las autonomías del régimen común y recibe un 1,5 por ciento menos, y trasladado a las personas, cada catalán aporta 2.602 euros por año a las arcas del Estado, mientras que solo recibe 2.352 euros por habitante en gastos del Estado en la comunidad.

Es un desequilibrio flagrante que podría entenderse en una situación de excepcionalidad o de aportación solidaria para corregir desequilibrios puntuales y así se planteó inicialmente en el modelo de financiación vigente, pero el problema es que se ha convertido en norma, que el gasto del Estado en Catalunya no es proporcional a lo que aportan sus ciudadanos y que lejos de corregirse y recuperar el equilibrio se mantiene e incluso se agudiza.

Y estamos hablando de cantidades importantes que hubieran evitado recortes o que hubieran facilitado inversiones urgentes para el desarrollo de Catalunya, porque solo en 2015 el desfase entre lo aportado y lo recibido asciende a 1.879 millones de euros, una cifra que equivale a casi el uno por ciento del Producto Interior Bruto catalán.

Estamos hablando de las autonomías del régimen común, porque cualquier comparación con las que funcionan por concierto económico, Euskadi y Navarra, que recaudan sus tributos y luego negocian el cupo a pagar, sería sangrante, con lo cual queda corroborado una vez más el gran error de Pujol y su gobierno de no haber exigido una financiación por concierto en la transición y la torpeza de Madrid de no buscar un sistema de financiación autonómico más justo y equitativo, que evitara la percepción de sentirse maltratado que impera en Catalunya. Que estos datos sirvan para encontrar una fórmula mejor.

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