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Mañana viernes entra en vigor el nuevo reglamento general de protección de datos de aplicación en toda la Unión Europea que pretende garantizar al ciudadano la privacidad de sus datos, que no se divulguen sin su expreso consentimiento, que puedan borrarse a petición del interesado y que no se utilicen para finalidades no autorizadas expresamente. Es un cambio radical con la situación existente en la que proliferaba el bombardeo de correos no deseados, era habitual la compra de datos, que muchas empresas dispusieran de nuestros datos personales para lanzar sus ofertas y que la baja de algunos servicios electrónicos fuera un auténtico calvario. Se habían cometido muchos abusos, especialmente por parte de los gigantes del sector, y ahora habrá un control más estricto que de momento ha complicado la vida a pequeñas y medianas empresas y sectores profesionales que han tenido que adaptar sus archivos contra reloj pese a que la normativa estaba aprobada desde 2016 y ha habido una moratoria de dos años para aplicarla. Pero la necesidad de prestar una conformidad expresa, porque ahora ya no vale la omisión de respuesta o las casillas marcadas previamente, ha obligado a un esfuerzo suplementario y según los expertos no todas las empresas se han adaptado. En cualquier caso, es un paso adelante para garantizar la privacidad de nuestros datos, que preocupa al 80 por ciento de los españoles, y evitar los abusos que han llegado con las redes. Trece de quince Con la detención de Eduardo Zaplana por presunto blanqueo de comisiones ilegales, ya son trece de los quince ministros nombrados por José María Aznar en 2002 los que han tenido problemas con la justicia por diversos casos de corrupción. De aquel gabinete solo se salvan, por el momento, la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el catalán Josep Piqué. Todos los demás han tenido que pasar por los tribunales, incluido Mariano Rajoy, que tuvo que declarar por el caso Gürtel, y algunos han pasado por la cárcel como Jaume Matas o Rodrigo Rato. Es un dato demoledor que muestra el nivel de corrupción alcanzado con los gobiernos del PP.

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