SEGRE

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El Govern decretó el confinamiento y la paralización de la actividad económica no esencial en Lleida ciudad y los municipios del Baix Segre –Alcarràs, Soses, Seròs, Torres de Segre, Aitona, Massalcoreig y La Granja d’Escarp– así como en Sucs y Raimat, que forman parte del municipio de Lleida, a partir de la pasada medianoche. Las medidas son casi calcadas a las del estado de alarma, con la única salvedad de que se puede salir a la calle sin restricción de horarios, un muy pobre consuelo para todos los ciudadanos de estas localidades. Esta decisión para intentar atajar el incremento de infectados por el coronavirus tiene lugar ocho días después del confinamiento perimetral del Segrià, ordenado solo horas después de que la consellera de Salud asegurara que no adoptarían una medida de este tipo. Las nuevas restricciones llegan después de que hayan trascendido las divergencias en el seno del Govern entre JxCat y ERC sobre las actuaciones a seguir para afrontar el repunte de la pandemia, y aunque no suponen ni un confinamiento estrictamente domiciliario ni se aplican a toda la comarca –aunque sí a la gran mayoría de su población– la conclusión es que la línea dura preconizada por el President Torra ha vuelto a imponerse. El Govern justifica este nuevo confinamiento por el aumento de los nuevos contagios, a pesar de que la consellera Vergés apuntó que algunos indicadores habían mejorado en la última semana. Es cierto que muchos ciudadanos han hecho caso omiso a las medidas de prevención, pero lo sucedido ha evidenciado la falta de previsión de la Generalitat para disponer de un sistema de rastreo para seguir y controlar los posibles brotes –un elemento que todos los expertos consideraban clave– y su incapacidad para adoptar medidas específicas para el colectivo formado por decenas de miles de temporeros y cientos de “sin papeles” que acuden cada verano a intentar trabajar en la campaña de la fruta. Ahora lo pagamos tanto a nivel sanitario, con el aumento de contagios y hospitalizaciones, como a nivel económico, porque este nuevo encierro puede tener un efecto demoledor en muchos sectores que estaban muy tocados por el anterior. Además, el mazazo es social y psicológico, porque llega solo un mes después de que finalizara el confinamiento decretado por el estado de alarma. Hay que insistir en que la principal responsabilidad es política, no de los ciudadanos.

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