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El confinamiento local impuesto desde el pasado 7 de enero para frenar los contagios de Covid ha arruinado la temporada de las estaciones de esquí del Pirineo. Tal como dábamos cuenta en nuestra edición de ayer, desde entonces su ocupación ha caído por debajo del 4 por ciento, cuando durante las fiestas navideñas había alcanzado el 50%. Sus responsables están a la espera de que la Generalitat decida si suaviza o no las restricciones actuales a partir del 7 de febrero. Si se mantienen, será muy difícil que continúen abiertas, porque el irrisorio flujo de esquiadores provoca que evidentemente no salga, ni mucho menos, a cuenta. Es cierto que lo prioritario es la salud, porque por muchos perjuicios económicos que generen las restricciones sin salud no hay ni economía. Ahora bien, también habría que plantear si no es viable adaptar estas limitaciones a la realidad de cada territorio y de cada actividad, como llevan días planteando los representantes de las comarcas del Pirineo, que insisten en que al menos se restablezca la movilidad comarcal. Asimismo, hay que tener en cuenta que las vigentes medidas contra la Covid permiten practicar el deporte en todas las instalaciones al aire libre con un aforo máximo del 50% y en grupos con un máximo de 6 personas. El esquí es una actividad al aire libre, por lo que entra dentro de estos parámetros, pero el problema es que el confinamiento local hace que en la práctica no pueda ni acercarse a este aforo. Habrá que ver qué decide en los próximos días el Govern pero, como señalaba la presidenta del consell de la Alta Ribargorça, esta temporada de invierno está siendo un desastre. Esto es especialmente grave en unas comarcas en las que el turismo genera una buena parte de sus ingresos económicos. En concreto, según un estudio hecho público el pasado año por la cátedra de Economía Regional y Local de la Universitat Rovira i Virgili, representa el 33% del PIB del Pallars Sobirà, un 40% del de la Val d’Aran y un 42% del de la Alta Ribagorça. No hay duda de que este será un duro golpe para el Pirineo.

Altos cargos nada ejemplares La campaña de vacunación ha comenzado por las residencias y el personal sanitario, y hay un orden establecido que prioriza a personas vulnerables y personal esencial, entre otros aspectos. Por eso es lamentable que cargos políticos como varios alcaldes, algún consejero autonómico o directivos administrativos de centros sanitarios se hayan vacunado, al igual que los jefes del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). Su máximo responsable, Miguel Ángel Villarroya, ha dimitido, pero asegura que hizo lo que tocaba, sin admitir que su comportamiento es irresponsable y todo lo contrario que ejemplar.

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