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Como antesala a la presentación del Plan de Recuperación que explicó ayer Pedro Sánchez con otra lluvia de millones prometidos, 70.000 millones para 102 reformas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expuso sus proyectos para la reforma de las pensiones, que también formará parte del plan de recuperación con el objetivo de conseguir otros 140.000 de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El objetivo sigue siendo el que llevan años defendiendo: retraso de la edad de jubilación real, penalización de las jubilaciones anticipadas y revalorización de las pensiones en función del IPC con mecanismos de corrección en caso de que la inflación sea negativa.

En esta ocasión la reforma se ha presentado con titulares más llamativos, anunciando que quien retrase su jubilación un año después del límite marcado recibirá un cheque que puede llegar a ser de 12.000 euros o un incremento anual del 4 por ciento en su pensión. Como contrapartida se aumentarán las penalizaciones a los trabajadores que adelanten su jubilación con descuentos mensuales y no trimestrales como hasta ahora para disuadir a quienes se querían jubilar anticipadamente para retrasar la edad de jubilación real, que ahora está en 64,6 años, hasta el límite legal que en 2021 está entre 65 y 66 según el tiempo cotizado.

El ministro justifica este castigo a las jubilaciones anticipadas porque un tercio de quienes se acogen a ellas cotizan por las bases máximas y acceden a pensiones superiores a 2.100 euros, pero no tiene en cuenta que si consiguen estas pensiones es porque han cotizado por su importe con anterioridad y que nadie puede acceder al retiro anticipado si no tiene unos años mínimos de cotización, por lo que de salir adelante esta reforma, complicado porque el ministro no consiguió el apoyo de ningún partido, ni de Podemos, se perjudican derechos adquiridos de un colectivo que ha cotizado durante años para acceder a unas pensiones que el ministro quiere recortar. El problema de fondo, que llevamos años arrastrando, es el déficit de la Seguridad Social consecuencia del aumento de la esperanza de vida y también del número de pensionistas, mientras han bajado las aportaciones de los trabajadores por el impacto de la crisis y la pandemia.

Si a esto añadimos que los sucesivos gobiernos dilapidaron los excedentes que tenía la Seguridad Social para cubrir otros déficits, se entenderá la urgencia en adoptar medidas de choque para reducir la nómina a pagar cada mes. No se ha valorado rejuvenecer el mercado laboral, ni asociar pensión y cotización como hacen otros países con el modelo llamado de mochila austriaca, y aquí las cotizaciones de quienes ahora trabajan sirven para pagar las pensiones de quienes cotizaron en su momento, pensando en la perpetuación del sistema y sin prever que una situación de crisis como la actual puede romper el equilibrio.

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