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Como era previsible, el Tribunal de Apelación de Sassari en Cerdeña ha decidido suspender el procedimiento instado por el juez Llarena para la entrega del expresident Puigdemont, que ha quedado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar.

Es un nuevo revés para la justicia española, que también había pedido la entrega de los exconsellers y eurodiputados Antoni Comín y Clara Ponsatí, y la justicia italiana se suma a los criterios que ya habían aplicado los jueces belgas y alemanes por una parte y los escoceses y suizos por otra. El tribunal de Sassari ha interpretado que para ejecutar la euroorden de Llarena es preceptivo que primero se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas por el mismo juez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también el recurso del mismo Puigdemont ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión de levantarle la inmunidad parlamentaria como eurodiputado.

En esta tesis también coincidió la representante española de la abogacía del Estado, que consideró en su momento que ningún juez europeo podría conceder la euroorden mientras no se resolvieran las cuestiones prejudiciales y de hecho fue uno de los argumentos para levantarle la inmunidad.

Pese a ello, el juez del Supremo ha insistido con la euroorden cosechando un nuevo fracaso en los tribunales europeos y poniendo en peligro por otra parte la estrategia de diálogo que han abierto los gobiernos de Sánchez y Aragonès. A la vista de los planteamientos del Supremo y también del PP, será complicado buscar una solución negociada para el caso Puigdemont, pero España, si mantiene la euroorden sin esperar a que se resuelvan las cuestiones prejudiciales, se arriesga a ir recibiendo sentencias contrarias de los tribunales europeos con el consiguiente desprestigio a medida que Puigdemont recorra Europa.

Y por otra parte, difícilmente se puede encauzar la negociación política de la mesa de diálogo mientras el expresident de Catalunya continúe en el exilio.

Es la hora de la política.

Los ricos pagan menos Una investigación publicada por diversos medios de todo el mundo y bautizada como los papeles de Pandora muestra como los más ricos y poderosos utilizan sociedades offshore (fuera del territorio) para ocultar su fortuna y en última instancia pagar menos impuestos o ninguno. Más de 35 mandatarios mundiales y personajes públicos de 90 países tienen sociedades en paraísos fiscales y la lista va encabezada por ex primeros ministros o responsables de Economía y en la que como es habitual no falta el rey emérito.

Quienes más tienen hacen lo imposible para pagar menos y los gobiernos aprietan a quienes menos tienen.

Justicia distributiva, pero al revés..

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