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La derecha española y también algunos jueces que conocen el tema de lejos y por intermediarios interesados parecen empeñados en convertir la enseñanza del catalán en una batalla permanente, combatiendo una inmersión que aquí no ha generado ningún problema y que ha facilitado que los niños salgan, además de dominando el catalán, con un conocimiento del castellano por encima de otras comunidades monolingües. Plantean la enseñanza del catalán en las escuelas como una concesión, no como un derecho evidente, y aprovechan cualquier caso para reabrir unas polémicas que parecen más propias de otros tiempos. El último ejemplo es el de la escuela de Canet y el recurso de una familia que pedía que se aplicara la cuota del 25 por ciento en castellano, que ha desencadenado toda una batalla de declaraciones con excesos verbales de consideración y por los dos extremos, pero con una diferencia notable: los que criticaban la cuota de castellano y pedían apedrear a quien la solicitaba eran ciudadanos anónimos que lanzaban sus soflamas por las redes sociales, mientras que por el otro lado eran dirigentes del PP y de Ciudadanos los que hablaban de apartheid, se remontaban a ETA o a Ermua, en comparaciones absurdas, o ayer mismo el jefe de la oposición, Pablo Casado, aseguraba que había profesores con instrucciones de no dejar ir a los niños al baño si lo pedían en castellano.

Son barbaridades impropias de quien aspira a ostentar responsabilidades de gobierno, en primer lugar porque son mentira, en segundo porque con estas comparaciones minimizan la atrocidad que representó el apartheid o el terrorismo etarra y en tercer lugar porque solo ayudan a crispar el ambiente intentando crear un problema donde no lo hay. Ha intentado aportar cordura a la cuestión la asociación de familias de la escuela de Canet, que ha denunciado el relato falso que se está generando, ha desmentido los casos de acoso, aislamiento o ataque a cualquier familia y ha expresado su malestar porque el colegio se haya convertido en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y cuestiones lingüísticas, pidiendo responsabilidad política a todos los partidos, especialmente a los que han vertido acusaciones incendiarias y falsas sobre el centro educativo. Que a estas alturas haya que insistir en que España es un estado plurilingüe, que el catalán es la lengua propia de Catalunya y que el castellano goza de buena salud y su uso está plenamente garantizado en Catalunya muestra lo poco que hemos avanzado en algunas cuestiones y hasta qué punto llega la irresponsabilidad de algunos para arañar unos votos y no perder espacio a costa de desatar un conflicto social con niños de por medio.

Afortunadamente, la inmensa mayoría estamos convencidos de que el plurilingüismo es una riqueza y que las lenguas sirven para entenderse y no para enfrentarse.

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