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La sanidad pública lleva años dando muestras de desestructuración de lo que había sido un ejemplo de calidad y eficacia. Los recortes de 2008 y la decreciente inversión nos han llevado a un panorama, que la pandemia ha agudizado, de estrés de los profesionales, de falta de personal y de descontento general tanto del sector sanitario como de enfermos y usuarios en general. Listas de espera en los hospitales que no mejoran, citas en los CAP con un mes de demora, atención telefónica no siempre ni puntual ni eficaz, poco tiempo para atender a los pacientes y falta de seguimiento del diagnóstico inicial y sueldos por debajo de la media europea, y, en el caso de Catalunya, incluso a la cola de las comunidades autónomas españolas, son algunas de las claves que explican la huelga.

Este estrés, que perjudica el bienestar general de los ciudadanos, nos lleva a un exceso de farmacología, abandono de la medicina rural y comunitaria y marginación de la salud mental, vital, como se ha demostrado en la crisis sanitaria del coronavirus. Por todo ello, la huelga de estos días no es más que un SOS de miles de profesionales médicos y de enfermería que reclaman más manos, menos pacientes acumulados y un mayor reconocimiento, tanto de la administración como económico. Es evidente que todo es cuestión de recursos y que la Generalitat hace un esfuerzo para revertir errores o exigencias de las crisis pasadas, pero las nuevas voluntades deben plasmarse en realidades inmediatas y una hoja de ruta clara para el futuro.  De esta depende nuestro bienestar personal y colectivo.

Las asignaturas pendientes

En cuanto a la huelga de docentes, los parámetros iniciales serían los mismos que para sanidad, puesto que ambos sectores constituyen un termómetro del bienestar y progreso de una sociedad y los dos han sufrido recortes que es necesario corregir.

El debate, en este caso, se centra en las ratios, que han mejorado pero no lo suficiente, teniendo en cuenta la multiculturalidad de las aulas, y los cambios de los programas educativos. No es de recibo que cada dos años se obligue a los maestros a modificar sus programaciones y menos que se alteren horarios a medio curso, o que los concursos de méritos sean una auténtica locura. Hay que reconocer que, tras un envite inadecuado con los sindicatos, la conselleria abrió un diálogo que ha progresado adecuadamente hasta esta nueva convocatoria por flecos que han quedado en el aire y que deberían cerrarse.

Porque toda inestabilidad perjudica a los alumnos, que son el auténtico valor a preservar. Una sociedad cambiante como la nuestra requiere de unos docentes en comunión absoluta con la sociedad igualitaria, inclusiva y democrática que queremos consolidar.

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