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Solo hay que acudir a la hemeroteca para comprobar que las expectativas creadas con la inauguración del aeropuerto de Lleida-Alguaire no se han cumplido, al menos de momento. Ni en tránsito de viajeros, ni en volumen de vuelos, ni en negocio o impacto económico en el territorio. Un déficit consolidado de unos tres millones de euros al año que a buen seguro da para debatir si la infraestructura se salda con un balance positivo o, por el contrario, se puede hablar de fracaso. Antes de emitir un juicio, conviene también recordar que el impacto del AVE tampoco ha cambiado la infraestructura urbanística del entorno de la estación, ni los pisos en construcción por su presencia se cuentan por decenas y a nadie con dos dedos de frente se le podría ocurrir cuestionar la mejora que ha comportado para Lleida, sus vecinos y sus comarcas la posibilidad de viajar a Tarragona, Barcelona, Girona, Zaragoza y Madrid en un mismo día. Las posibilidades personales, empresariales, culturales y sociales de la llegada de la alta velocidad no son objeto de discusión por ningún sector. En cambio, el aeropuerto de Alguaire deja más dudas sobre su eficiencia y retorno. Para que una infraestructura sea rentable y contribuya al reequilibrio territorial, primero hay que tenerla y, luego, saber aprovecharla. Y los 282 trabajadores que ya suman estas instalaciones, 26 más que hace un año, comienzan a tener un peso a considerar. Son los puestos de trabajo directos que suman las 19 empresas que han establecido hasta ahora su base en el recinto aeroportuario, que se ha convertido además en un importante centro de formación. Cerró 2023 con cerca de un centenar, entre los cursos para pilotos y mecánicos aeronáuticos. El aeropuerto recibe, además, las primeras pruebas de drones para el transporte de pasajeros y de motores para cohetes, en el marco de la estrategia New Space de la Generalitat para impulsar el sector aeroespacial en Catalunya. Asimismo, se prepara para ser banco de pruebas para una aviación más sostenible, impulsada con hidrógeno verde. No es lo óptimo, pero tampoco desdeñable y hay que seguir impulsándolo para su mejor aprovechamiento.Trata de personasLa Eurocámara y el Consejo de la UE han alcanzado un acuerdo provisional para incluir el matrimonio forzado, la explotación de mujeres para la práctica de la gestación subrogada y la adopción ilegal como nuevos tipos penales en la directiva europea para prevenir y combatir la trata de personas. De este modo, podrían ser penalizados con condenas que pueden ir de los cinco y hasta 10 años de cárcel en casos agravados. Un paso más en la regulación de delitos hasta ahora poco escrutados

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