Una doble mala gestión de la función pública

Todas las administraciones –la local, las autonómicas y la central– e instituciones públicas como las universidades tuvieron que convocar en los últimos años procesos para convertir en funcionarios a decenas de miles de interinos que llevaban más de tres años ocupando una plaza pública. Fue una medida impuesta por la Unión Europea, ya que el abuso endémico de la contratación temporal en el sector público en España contraviene la normativa comunitaria. La existencia de un gran volumen de interinos fue el resultado de una década en la que la convocatoria de concursos-oposición para acceder a la función pública quedó reducida al mínimo a raíz de los recortes aplicados por la crisis económica. En lugar de cubrir plazas de funcionario, que generan una partida estructural en los presupuestos, lo que hacían las administraciones era recurrir a la contratación de personal temporal. Una mala gestión que provocó que muchos interinos llegaran a estar hasta más de diez años en una plaza pública. Para corregirlo tras la orden de la UE, las instituciones convocaron procesos de estabilización basados en concurso de méritos. Pero lo que mal empieza mal acaba. Por un lado, personas que llevaban muchos años en esta situación se han quedado sin plaza, y una nueva sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado febrero abre la puerta a que tengan que pasar a ser fijos, aunque esta cuestión sigue abierta. Por el otro, entre las que sí se han convertido en funcionarias, hay quienes lo han logrado porque el mal funcionamiento de la gestión pública les ha permitido ir acumulando años como interinos a pesar de que su trabajo dejaba mucho que desear. El caso del maestro de Infantil que reclama 300.000 euros a Educación por acoso laboral, después de que en la última década haya sido objeto de protestas por parte de familias de cuatro colegios de las comarcas de Lleida que no querían que diera clases a sus hijos, es muy ilustrativo. También contaba con informes negativos de directores de escuelas y de Inspección, pero cuando Educación le expulsó de la bolsa de interinos, la justicia lo revocó argumentando que la normativa vigente obliga a que esta evaluación tenga lugar cuando el docente se incorpora por primera vez para cubrir una vacante, no cuando ya lleva lustros haciéndolo, a pesar de que la sentencia no cuestionaba la valoración negativa de su labor. Todo ello lleva a la conclusión de que la mejor forma de evitar tanto los perjuicios por el exceso de empleo temporal como para asegurar que los funcionarios cumplan los requisitos necesarios para su trabajo es que las administraciones convoquen periódicamente concursos-oposición que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, que apliquen el periodo de prueba a las incorporaciones temporales y analicen si es necesario también para los nuevos funcionarios.