Las competencias en inmigración
Catalunya ha sido siempre tierra de acogida y mestizajes en los diferentes episodios migratorios que se han sucedido a lo largo de la historia. Los más recientes, los de principios de siglo XX y últimas décadas del franquismo procedentes del resto del Estado español, principalmente de Andalucía y Extremadura, con un nivel altísimo de integración, sobre todo en segundas generaciones. Posteriormente, a finales de los años 90, se produce un fenómeno nuevo de personas venidas de países extranjeros atraídos por el progreso económico de Catalunya y las oportunidades de forjar una vida mejor para sus familias. Estos movimientos poblacionales desde países del norte de África y Latinoamérica, pero también del este de Europa, China, y otros lugares del resto del mundo, coinciden en nuestro país con un descenso paulatino de la natalidad y envejecimiento poblacional. El resultado es que en los últimos años, Catalunya ha ganado casi dos millones de habitantes procedentes del extranjero o nacidos aquí de madres foráneas. A nivel económico no admite discusión que su incorporación al mundo laboral ha sido clave para muchas profesiones, desde las agrícolas a las industriales, de servicios, hostelería etc, y que su aportación para garantizar las pensiones del futuro es vital para mantener el actual sistema. Pero, evidentemente, como en cualquier colectivo que llega masivamente, también existen minorías marginales que han incrementado el número de extranjeros en las cárceles y que han disparado algunas formas delincuenciales como el uso de armas blancas o de fuego, en el caso de los cárteles de drogas. Por eso, para regularizar, controlar, integrar y poder disponer de instrumentos para cohesionar todo el flujo migratorio es una buena noticia que Junts y el PSOE hayan pactado una delegación de competencias a la Generalitat de todo lo relacionado con la inmigración. La administración de proximidad siempre da más garantías de éxito que el centralismo y del mismo modo que los consells comarcals gestionan mejor los temas propios y la idiosincrasia de cada comarca, la Generalitat puede administrar con más garantías los temas de migración, sobre todo teniendo en cuenta que Catalunya es la que tiene el porcentaje más elevado de estos nuevos vecinos de todo el Estado. Intentar relacionar esta propuesta con el racismo, la exclusión o la xenofobia o ver en estas transferencias de competencias una rotura de las fronteras o de desmembración del Estado, es erróneo, injusto y solo servirá para atizar aún más los argumentos de la extrema derecha. La inmigración es una oportunidad, no un problema, y como tal debe tratarse. Ahora bien, vivir en Catalunya tiene unas ventajas, pero ha de tener también unas obligaciones mínimas de respeto a la lengua, la igualdad de sexos y la cultura. Se trata solo de aunar derechos y obligaciones y de unir, no de dividir.
