Es necesario apostar por la vivienda pública
La demanda de pisos de alquiler se ha disparado en la última década de forma general en Lleida, Catalunya y España. Como ha subido más que la oferta, los precios han subido hasta niveles nunca vistos, impulsados también porque en los municipios que reciben a más visitantes muchos propietarios han preferido destinar las viviendas de que disponen al alojamiento de turistas, ya que los arrendamientos son más lucrativos, aunque sean por días. En Catalunya, el Govern ha aplicado medidas para intentar frenar e incluso revertir la escalada, estableciendo topes para los importes de nuevos contratos en localidades declaradas de “mercado residencial tensionado”, entre las que figuran Lleida ciudad y una docena más de Ponent, e intentando poner coto a la reconversión del uso residencial al turístico. De acuerdo con los datos que facilita periódicamente el Incasòl, en el último año los alquileres han bajado por primera vez muy ligeramente en la capital del Segrià y a nivel provincial, aunque han subido en varias comarcas y en numerosos municipios. Ahora bien, la limitación impuesta está comportando que haya propietarios que decidan sacar su piso del mercado al no poder cobrar el importe que esperaban. Paralelamente, se ha disparado el arrendamiento de habitaciones, un fenómeno que obedece por un lado a que muchas personas, principalmente los jóvenes, no disponen de los recursos económicos suficientes para afrontar el alquiler de una casa y, por el otro, a que reporta más ingresos a los dueños. La realidad es que muchos ciudadanos tienen problemas para acceder a una vivienda digna y será difícil que esta regulación del mercado sirva para solucionarlos, como tampoco lo haría dejar vía libre a que propietarios y profesionales inmobiliarios actúen a su libre albedrío, como piden sus representantes. La vía que con toda probabilidad podría ser más efectiva es disponer de un gran parque de pisos públicos destinados a alquiler social que fuera una alternativa al mercado privado. Ahora, su número es irrisorio y su promoción ha caído en el abandono por parte de las distintas administraciones desde hace mucho tiempo. A finales del pasado año, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prometió una inversión de 4.400 millones de euros para la construcción de 50.000 viviendas públicas antes de 2030. Si se logra este objetivo, será todo un hito, porque por desgracia estamos acostumbrados a grandes anuncios que después no se acaban llevando a cabo o bien solo muy parcialmente. En este sentido, basta recordar que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, aseguró en abril de 2023 que 50.000 pisos en manos de la Sareb serían destinados a alquiler asequible. Dos años después, el proceso se encuentra como mucho en una fase inicial de revisión de su estado para ver cuántos están en condiciones de poder ser utilizados.
