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Los alumnos que completan la educación obligatoria en Catalunya acaban dominando el castellano de una forma similar al catalán (hagamos un inciso, sería mucho más apropiado decir “tan mal como” e igual que dominan el castellano los de comunidades monolingües). El uso de la primera lengua no va a menos en la calle, sino lo contrario, es la segunda la que está en retroceso. Esta es la realidad después de cuarenta años de inmersión lingüística en la escuela. Se inició a mediados de la década de los ochenta y, curiosamente, en sus inicios prácticamente no fue objeto de críticas políticas ni de miembros de la comunidad educativa, cuando lo normal es que los cambios sustanciales provoquen quejas en sus comienzos y después vayan siendo asumidos por todos. En este asunto, en cambio, las críticas comenzaron a surgir a finales de los noventa por parte de algún grupúsculo con el apoyo de ciertos medios de comunicación y, al cabo de unos años, su marco normativo comenzó a verse afectado por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que estimaban parcialmente recursos presentados por entidades muy minoritarias, como la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB). Hace cinco años, el TSJC dictaminó que las escuelas debían impartir un 25% de la docencia en castellano, al entender que solo así podía garantizarse su condición de segundo idioma vehicular en la enseñanza. Dicho sea de paso, llama la atención que los jueces se irroguen la condición de pedagogos para decidir qué porcentaje de asignaturas debe impartirse en cada idioma. En mayo de 2024, el Govern aprobó un decreto para blindar la inmersión en catalán -y en aranés en la Val d’Aran- que la justicia dejó poco después en suspenso a raíz de un recurso de la AEB. Finalmente, este miércoles, la víspera de la Diada, el TSJC hizo pública una sentencia que anula la parte fundamental de su contenido. El Govern ya ha anunciado que recurrirá, pero sería una sorpresa que el Tribunal Supremo enmendara la plana al TSJC. Así que entre entidades que casi no representan a nadie, jueces y algunos partidos han conseguido que el papel del catalán como lengua vehicular en las aulas haya pasado de ser un elemento de consenso a formar parte de la creciente polarización social y política. Precisamente, la defensa del catalán fue una de las cuestiones que marcaron la celebración institucional de la Diada en Lleida y también protagonizó el mensaje de buena parte de los partidos y entidades en Catalunya, en una jornada que certificó la desmovilización del independentismo tras las masivas manifestaciones durante los años del procés. Esto no significa que la mayoría de los ciudadanos que participaron en las mismas hayan abandonado el soberanismo, sino que ha cundido un desencanto que, como sucede en el Estado y en toda Europa, acaba favoreciendo a la ultraderecha.

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