La falta de política de vivienda pasa factura
No hacer las cosas cuando toca suele acabar teniendo consecuencias negativas. Esto es lo que ha pasado con la política de vivienda en Catalunya y en España. Durante mucho tiempo la promoción pública de vivienda ha sido inexistente o residual y la de protección oficial también ha quedado relegada a un porcentaje muy reducido del total. De estos polvos vienen los lodos de que ahora muchas personas, especialmente los jóvenes, tengan dificultades de acceder a un piso porque sus ingresos no les permiten ni optar a la compra ni afrontar el importe de un alquiler. Tal como publicamos esta semana, el aumento de la demanda de arrendamientos ha provocado que los precios hayan ido al alza en los últimos años, hasta el punto de que los propietarios de un tercio de las viviendas que están en el mercado en Lleida piden una cantidad mensual que supera el salario mínimo interprofesional, que está fijado en 1.184 euros brutos. Esto también ha llevado a un auge del alquiler de habitaciones, porque por un lado las personas que no pueden permitirse disponer de un piso optan por compartirlo y, por otro, los propietarios la ven como una vía para incrementar sus ingresos, especialmente en municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, donde hay un tope para los precios. Revertir esta situación pasa por una gran inversión de la Generalitat y el Estado y por la colaboración público-privada. Además, es necesario abreviar trámites porque, de otra forma, las decenas de miles de viviendas prometidas por el Govern de Catalunya y el Gobierno central no podrán ser realidad hasta dentro de bastantes años, si es que finalmente los anuncios se llevan a la práctica. Precisamente, sería bueno que los dirigentes de los principales partidos intentaran consensuar para resolver el que es uno de los principales problemas para los ciudadanos, independientemente de quién gobierne en cada momento. Por desgracia, lo único que harán será usar esta cuestión como arma arrojadiza.
La decisión de Junts
La cúpula de Junts decidirá el lunes si rompe con el PSOE y, si la decisión es positiva, la someterá a consulta de la militancia. Pase lo que pase, lo cierto es que el panorama de la legislatura cambiará poco, porque las discrepancias entre las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han impedido aprobar presupuestos y numerosas iniciativas del Gobierno. Además, una de las pocas que ha salido adelante, la ley de Amnistía, ha sido torpedeada por los jueces. Así que seguirá estando en manos de Sánchez adelantar o no elecciones, a menos que Junts decida sumarse a PP y Vox en una moción de censura, lo que parece improbable.
