El reto de tener una ciudad más limpia
El concurso para la nueva concesión por diez años del servicio de limpieza viaria y recogida de basura en Lleida ciudad, valorado en más de 238 millones de euros, llega a su recta final después de que ya se haya hecho público en la mesa de contratación el informe sobre los criterios técnicos y se hayan abierto los sobres de la oferta económica de las tres aspirantes: las UTE Romero Polo-Valoriza, Arnó-Grupo GBI y la empresa FCC. La primera, que integra Ilnet, la actual concesionaria, se perfila como la ganadora después de que haya sido la mejor puntuada a nivel técnico y también sea la más barata, aunque por muy poco. La suciedad de la vía pública es uno de los grandes caballos de batalla del ayuntamiento en los dos últimos mandatos. Ver residuos y todo tipo de objetos fuera de los contenedores se ha convertido en algo cotidiano en casi todos los barrios, cuando antes de la pandemia era una situación acotada a unos puntos muy concretos de la ciudad. El equipo de gobierno confía en que el nuevo contrato supondrá un antes y un después, porque el servicio contará con maquinaria más moderna y más medios, al aumentar considerablemente su dotación presupuestaria. Es posible que acabe siendo así, pero además de por la mejora del servicio en sí, deberá velar por que los ciudadanos actúen con civismo, dejando la basura y los objetos voluminosos donde toca. No será una tarea sencilla, porque se trata de comportamientos que se han prolongado en el tiempo desde que empezó la pandemia, y seguramente serán necesarias medidas más contundentes que las meramente pedagógicas. Y al mismo tiempo, muchos vecinos exigirán que las calles estén más limpias que nunca tras la subida del recibo que pagan por la recogida de basura que ya ha habido este año y la aprobada para el próximo. El nuevo contrato entrará en vigor en los próximos meses, después de que el actual, adjudicado en 2006 y que debía terminar en 2016, haya durado el doble después de cuatro prórrogas. Precisamente, esta circunstancia también ha contribuido al deterioro del servicio. Las necesidades actuales son diferentes a las que había hace dos décadas, y aunque en cada prórroga se hayan actualizado las prestaciones y el presupuesto, adaptar un marco antiguo a la evolución de la ciudad resulta muy complicado. En este sentido, hay que instar al ayuntamiento, gobierne quien gobierne, a actuar con mayor previsión en lo que respecta a las concesiones de servicios públicos. Ahora también está sobre la mesa una nueva prórroga de año y medio del de los autobuses urbanos, que pende de un hilo al no contar de momento el gobierno del PSC con el apoyo de ningún grupo de la oposición, cuando en 2023 ya se amplió hasta el próximo 31 de diciembre. Y el de la zona azul acabó siendo municipalizado seis años después de que se extinguiera el contrato de la concesionaria.
