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El Tribunal Supremo condenó ayer a 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a 19 años a su exasesor Koldo García por el denominado caso de las mascarillas, el primero de los que afrontaban. El tercer implicado, el empresario Víctor de Aldama, ha salido mucho mejor librado, con cuatro años y medio de cárcel. Ni tan siquiera deberá ingresar en ella, ya que la sentencia suspende la ejecución de la pena por “su aportación al descubrimiento de los delitos”, siempre que no vuelva a delinquir y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Los jueces han dado más valor a este atenuante que la Fiscalía, que solicitaba para él 7 años de prisión, e incluso que las acusaciones populares encabezadas por el PP, que pedían 5 años y dos meses. El Supremo considera probados todos los delitos de los que estaban acusados los tres implicados, que eran la adjudicación a una empresa vinculada a Aldama de la compra de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif, pagos mensuales a Ábalos de 10.000 euros para gastos, la contratación de su examante y de una amiga del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, y el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de tres pisos en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción. La sentencia, adoptada por unanimidad, sitúa al exnúmero tres del PSOE como líder de la trama aprovechando su condición de exministro. En este sentido, remarca “el grave deterioro de la confianza ciudadana” en el sistema político que causa la corrupción, afirmando que estos actos “socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático”. Suscribimos totalmente este argumento, que, dicho sea de paso, los jueces harían bien en tener en cuenta en circunstancias en las que actúan siguiendo más criterios políticos que judiciales. Los corruptos merecen penas ejemplares. También creemos que los delincuentes que colaboran con la justicia pueden beneficiarse de una rebaja en la condena. Ahora bien, la pregunta es hasta qué punto. De Aldama no era una pieza circunstancial en el engranaje que describen los magistrados, sino esencial. Era el corruptor. Sin él, hubiera sido imposible que los hechos hubieran sucedido tal como se describen en la sentencia.

Esa condena supone un golpe para el PSOE, aunque ya lo daba por descontado y hace tiempo que rompió sus vínculos con el que fuera lugarteniente de Pedro Sánchez. Sin embargo, como señalaban ayer sus socios de Sumar, tras dar este paso no ha dado otro igual de necesario, que es impulsar medidas contra la corrupción. Por su parte, el PP ha desistido definitivamente de presentar una moción de censura y lo fía todo a que la acción de los jueces deje a Sánchez sin capacidad de retomar la iniciativa política.

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