Dolça Revolució pide ayuda económica para pagar las multas de Salud
La asociación y su fundador Josep Pàmies acumulan sanciones por valor de casi 2,2 millones de euros impuestas por las administraciones catalanas y baleares
Josep Pàmies y miembros de Dolça Revolució, en los juzgados.
La Associació Dolça Revolució ha hecho un llamamiento público solicitando apoyo económico a sus "socios, colaboradores y simpatizantes" a través de su sitio web. El objetivo de esta iniciativa es "cubrir los gastos jurídicos que se derivan de las sanciones que nos han impuesto las administraciones de Salud de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de las Baleares", según ha publicado la entidad. Les multas acumuladas por la asociación ascienden a un total de 990.000 €, mientras que su fundador, Josep Pàmies, afronta sanciones por valor de 1.200.000 €.
Esta petición de ayuda económica llega después de que el Gobierno balear propusiera, el pasado noviembre, una sanción de 300.001 € contra el acontecimiento sobre libertad terapéutica celebrado en julio de 2024 en Esporles, en el que participaron Pàmies y el cantante Miguel Bosé. Paralelamente, la Generalitat de Catalunya presentó hace unos meses una querella contra Pàmies y la asociación para prometer falsas curas para el autismo y comercializar un medicamento ilegal que presentaban como "remedio casero".
Conflicto creciente con las autoridades sanitarias
El conflicto entre Dolça Revolució y las administraciones públicas se ha intensificado en los últimos años. La asociación, fundada por Josep Pàmies, ha sido objeto de varias sanciones administrativas por parte de las autoridades sanitarias tanto en Cataluña como en las Islas Baleares. La suma total de las multas impuestas a la entidad y a su fundador se acerca a los 2,2 millones de euros, una cifra que ha llevado a la asociación a buscar vías de financiación para hacer frente a estos gastos.
La Generalitat de Catalunya ha sido especialmente contundente en sus actuaciones contra Dolça Revolució. La querella presentada contra la asociación y Pàmies se fundamenta en la acusación de promover tratamientos sin evidencia científica para el autismo y comercializar productos no autorizados. Según las autoridades sanitarias, estas prácticas pueden suponer un riesgo para la salud pública, especialmente para colectivos vulnerables.
