Abusos en la Iglesia sin reparación

El catedrático de Derecho Penal en la UdL y la UOC Josep Maria Tamarit denunció ayer que las instituciones públicas todavía no han adoptado ninguna de las medidas propuestas por el Defensor del Pueblo en la atención de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y que la reparación económica “todavía es una asignatura pendiente”. Así lo dijo durante una conferencia en el Ateneu Cooperatiu La Baula de Lleida, en el marco de su ciclo Abusos sexuals i reproductius. Tamarit, que formó parte de la comisión que elaboró el informe del Defensor del Pueblo, aseguró que dos años después, todavía no se han adoptado las propuestas que se hicieron a los poderes públicos para “cumplir con las necesidades y los derechos de las víctimas”, que, destacó, muchas de ellas siguen arrastrando consecuencias graves como problemas de salud mental y física. “Se han hecho esfuerzos en el ámbito de la prevención, para que no vuelvan a pasar casos futuros, pero no se ha reparado a las víctimas ni de forma moral ni económica”, concluyó. Para Tamarit, el principal responsable de esta reparación debe ser la Iglesia católica pero defendió que el Estado tiene también una responsabilidad.

Sobre las indemnizaciones que ha pagado hasta la fecha la Iglesia, recogió que hay críticas por parte de las víctimas al considerar que son insuficientes. Entre las medidas que propuso el Defensor del Pueblo, Tamarit recordó la de crear un órgano especial que pueda resolver las peticiones de los afectados y que se puedan traducir en procedimientos de justicia restaurativa o en reparación económica. “Estas personas han sufrido un impacto en su vida, que en muchos casos aún arrastran, por lo que deben ser reparadas y contar con el apoyo psicológico que no han tenido hasta ahora”, aseguró. El ciclo continuará el próximo sábado con una nueva charla sobre bebés robados.

Por otra parte, dos testimonios han denunciado al obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, de encubrir durante 9 años a un escolapio pederasta en México. Según publicó El País, Aguado, siendo superior de la orden, fue informado en 2010 de abusos sexuales del religioso, pero no hizo nada hasta 2019, cuando la madre de la víctima contactó con él. Las Escuelas Pías avalaron la labor de Aguado.

El informe incluyó a quince víctimas en las tres diócesis leridanas

El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo, hecho público en 2023, reunió los testimonios de 487 víctimas. Una actualización publicada el año pasado elevó la cifra de testimonios a las 674. Según el estudio, las diócesis de Lleida, Solsona y el Urgell notificaron 15 casos, todos menores de edad (5 en Lleida, 8 en Solsona y 2 en el Urgell), y se aportaron datos de seis agresores, todos ellos sacerdotes, por hechos presuntamente cometidos en las décadas de 1960 a 1979, 1980 a 1999 y del 2000 al 2023. En un anexo, incluso detalla algunos de los lugares donde ocurrieron estos abusos. En los casos conocidos en las comarcas leridanas, se dieron en domicilios particulares, centros educativos e instalaciones parroquiales. El informe también destacó que las diócesis leridanas colaboraron y aportaron datos muy concretos y completos y que cuentan con oficinas de atención a las víctimas.