El Govern recurre en el Supremo la anulación de gran parte del decreto que blinda el catalán en la escuela

El Govern ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC que anulaba partes significativas del decreto de régimen lingüístico educativo que protege el catalán como lengua vehicular en las escuelas.

Según ha publicado el diario 'ARA', el recurso se formalizó el viernes pasado en respuesta a la decisión judicial que daba la razón a la Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). El argumento central de la Generalitat sostiene que establecer el catalán como lengua vehicular no implica necesariamente excluir el castellano.

El 10 de septiembre pasado trascendió que el TSJC había anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat del 2024 y había estimado parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB). En la sentencia, el tribunal declaraba nulos de pleno derecho los artículos, o partes de ellos, 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1 que, entre otras cosas fijaban el catalán y el aranés en la Val d'Aran como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa escolar, de relaciones con las familias, a los materiales didácticos y a las evaluaciones.

En aquel momento, el Govern ya dijo que recurriría la sentencia y aseguró que el ejecutivo defendería al modelo lingüístico de la escuela catalana "con toda la contundencia". Así lo dijo Illa, que ya apuntó que emprenderían todas las medidas que consideren oportunas. También lo apuntó la consellera de Educació, Esther Niubó, que también precisó en aquel momento que la sentencia no tenía ningún impacto en las aulas porque el decreto no había llegado a entrar en vigor porque ya estaba cautelarmente suspendido y que lo que sí que hay vigente es la ley del 2022 para intentar blindar el catalán como lengua vehicular.

En noviembre, sin embargo, el TSJC decidió levantar la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico y Plataforma per la Llengua pidió al Departament d'Educació que aplicara la parte de la normativa que sigue en vigor, poniendo de ejemplo la posibilidad de sancionar docentes que no cumplen los proyectos lingüísticos de centro, así como el requisito de C2 de catalán para los nuevos profesionales.