Ampliados a 120 días los contratos temporales en la agroalimentación

El Congreso de los Diputados aprobó ayer ampliar de 90 a 120 días anuales la duración de los contratos temporales para los trabajadores del sector agroalimentario, tal y como hace años que reclamaban las patronales, asociaciones y organizaciones agrarias para que los empresarios del campo y las centrales de fruta puedan dar respuesta a los repuntes de trabajo durante las campañas agrícolas. La modificación se materializó en el pleno de la Cámara Baja, que dio luz verde a una enmienda introducida en el Senado a la ley de desperdicio alimentario (más información en la página 27) para modificar la ley del Estatuto de los Trabajadores. La enmienda recoge las demandas planteadas por organizaciones y asociaciones agrarias como Asaja y Afrucat desde la aprobación de la reforma laboral, que había dejado en una situación crítica al sector en materia de contratación temporal. Según la última reforma laboral, los contratos temporales se limitan a circunstancias de la producción (hasta 6 meses, ampliables a otros seis) o para cubrir una excedencia, mientras que, para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, pueden utilizarse hasta un total de 90 días, nunca de manera continuada. Ahora el límite anual de 120 jornadas no continuas se podrá aplicar en el sector agrícola, ganadero y forestal, y en la industria asociada a los mismos, y para la cobertura de una o varias campañas de corta duración. Según afirmó el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, esta ampliación es una “muy buena noticia porque beneficiará a un 70% de las explotaciones de Lleida”. Para Manel Simon, director general de Afrucat, que asistió a la sesión de la Càmara Baja, “el sector agroalimentario no tenía bastante con el máximo de 90 días que preveía la ley y necesitábamos esta reforma para atender mejor las picos de las campañas agrícolas”.

La ley también incorpora mejoras en materia energética. Permitirá a titulares de explotaciones agrarias, sean autónomos o empresas, incluidas las cooperativas y las comunidades de regantes, disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos, lo que reducirá la carga burocrática.

Por otro lado, Unió de Pagesos celebró que en la ley quedara también reconocida formalmente la representatividad formal de Unión de Uniones en los órganos consultivos del Estado.